Documenta la Open Society Justice Initiative
José Luis Camacho Acevedo
En materia de derechos humanos, México ha sido ampliamente denunciado y cuestionado en el ámbito internacional, y esto no necesariamente se ha visto traducido en cambios positivos ni para las víctimas ni para la sociedad; la problemática que enfrenta nuestro país debe ser afrontada y resuelta desde adentro, con el acompañamiento de instancias internacionales.
En lo interno y con la participación activa de todos los niveles de gobiernos, instituciones, organizaciones y la sociedad civil se puede salir de este nivel de crisis que enfrentamos. La Open Society Justice Initiative, junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes, ha dedicado los últimos años a evaluar la magnitud y naturaleza de esta crisis.
El resultado de esta ardua investigación está contenido en el informe “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, en el cual concluyen que existen fundamentos razonables para considerar que hay actores tanto estatales como no estatales (grupos del crimen organizado y cárteles) que han cometido crímenes de lesa humanidad en México.
El término anterior es definido por las Naciones Unidas para referirse a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos de miles de civiles y que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
En México, las víctimas de la violencia se cuentan por miles y no solo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a inmigrantes centroamericanos, que viajan por rutas peligrosas a través del país, y quienes después de la aplicación de políticas como el plan Frontera Sur son más vulnerables a la cruel violencia de los cárteles.
Específicamente el informe examina tres tipos de crímenes atroces o de lesa humanidad: asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas tanto por los cárteles como por las fuerzas federales (que supuestamente deberían luchar contra estos).
Los nombres de los municipios de Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando son mundialmente conocidos, pero no por su riqueza o belleza natural, sino porque fueron el escenario de los crímenes atroces que ahí ocurrieron; no obstante, no son los únicos, en casi todas las regiones del país se han documentado casos de asesinatos, desapariciones y tortura, la evidencia de esta crisis es la noticia recurrente de nuevos hallazgos de fosas clandestinas, la semana pasada tocó el turno a Veracruz.
Cada vez que encuentran una nueva fosa —algunas de estas localizadas gracias a las investigaciones de los propios familiares de los desaparecidos— comienza el lamentable proceso de identificación de los cuerpos; algunos son reconocidos y termina así el largo martirio de alguna familia, pero comienza otro: la búsqueda de justicia que en muchas ocasiones no llega.
Ante miles de víctimas y años de espera, lo único que permanece es la impunidad que lacera las instituciones y aumenta la desconfianza ciudadana en las autoridades que supuestamente deberían encargase de proveerla.
De acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces, responsabilidad confirmada en virtud de la ratificación del gobierno mexicano del Estatuto de Roma el 7 de septiembre del año 2000 que derivó en la creación de la Corte Penal Internacional, pero… “la incógnita es si México tiene la voluntad política de hacerlo”.
