La militarización de la seguridad pública
Raúl Jiménez Vázquez
En un nuevo e inesperado lance mediático, el titular de la Defensa Nacional hizo fuertes pronunciamientos: I) el Ejército se mantendrá en las calles y ahí permanecerá mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario; II) ampliará su presencia en las distintas regiones del país; III) lo que se está buscando es diversificar a los efectivos militares, tener mayor cobertura en el territorio nacional.
Tales declaraciones van a contrapelo de lo que el general de cuatro estrellas señaló a fines del año pasado en un tono particularmente enérgico: “Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos, para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden.”
También contrastan con la advertencia hecha en su momento por el presidente Peña Nieto: “La responsabilidad fundamental de soldados y marinos es preservar la soberanía del país y no hacerse cargo de tareas que corresponden a las policías y procuradurías”.
El posicionamiento en cuestión es preocupante porque a través suyo se está pasando por alto la postura oficial de las Naciones Unidas transmitida por conducto del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien recientemente subrayó que “las fuerzas armadas han desarrollado una función impropia a partir de una decisión política que podría revertirse”. Igualmente, se está ahondando en el modelo de la militarización de la seguridad pública, cuyo fracaso fue puesto de relieve por el Centro de Estudios Legislativos del Senado en un estudio sobre el tema en el que se concluyó que, a diez años del inicio del combate al crimen organizado a través de estrategias bélicas, no se redujo la violencia existente en el país, sino todo lo contrario, se desencadenó una espiral de violencia estructural sin precedente.
Inquieta también el hecho de que con la permanencia y la posible expansión del radio de acción del ejército en tareas inherentes a la seguridad pública se seguirán violando los imperativos categóricos consagrados en los artículos 21 y 129 de la Carta Magna, la cual todos los servidores públicos protestan guardar y hacer guardar, los cuales disponen que la seguridad pública es una función propia de los civiles y que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense.
Esas incongruencias milicianas no se convalidan con la puesta en juego del argumento de las preferencias del público, el cual ya fue explícitamente descartado por el funcionario de la ONU en alusión. Los populismos militares son totalmente inadmisibles dentro del paradigma del Estado constitucional de derecho.
