El pasado 5 de febrero se publicó la Constitución de la Ciudad de México, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide diversos aspectos de la Carta Magna.

La controversia fue turnada al Ministro Javier Laynez Potisek, quien no ha notificado la administración a trámite de la demanda, informaron fuentes judiciales al diario Reforma. En la demanda presentada por el procurador Raúl Cervantes se formuló en su demanda 39 conceptos de invalidez, entre los que destaca la regulación en materia de derechos humanos.

Cervantes cuestiona el contenido relativo a las garantías de asociación, identidad, no discriminación e igualdad, libertad religiosa y secreto profesional. Plantea que la Constitución local invade la esfera de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de  procuración de justicia, justicia para adolescentes y ejecución de sanciones, aguas nacionales, salubridad, política exterior y laboral.

Asimismo, la dependencia impugnó la regulación relacionada con la figura del Parlamento Metropolitano, el Consejo de la Judicatura y las alcaldías. La invalidez de los requisitos para declarar la nulidad de una elección por no ser acordes con los que establece la Constitución.

La justificaciones de la PGR es que su acción de inconstitucionalidad busca evitar  que tanto particulares como asociaciones y otras instituciones públicas y privadas promueven acciones e impugnaciones en contra de las Constitución de la CDMX.

Además, se indicó que la Corte sumó la acción de la PGR a las presentadas en días pasados por el Poder Judicial de la Ciudad de México, para impugnar la integración del Consejo de la Judicatura, y por Morena, que se refiere a la integración de la Asamblea Legislativa.

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