Vienen a tierra desconocida

Angélica De La Peña Gómez

La preocupación que hoy ocupa al Congreso mexicano, al país, es atender los asuntos de emergencia que vamos a enfrentar en las próximas semanas como consecuencia de las decisiones del presidente norteamericano Donald Trump y que afectará a miles y miles de hombres y mujeres jóvenes, niñas y niños, adolescentes, que serán expulsados de Estados Unidos y que llegarán a México con las consecuencias de interrumpir su proyecto de vida y visto afectado el libre desarrollo de su personalidad.

Ante la inminente deportación de un número importante de jóvenes mexicanos es necesario implementar medidas que permitan a los alumnos deportados continuar con sus estudios cuando retornen al país, e incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten.

De ahí la importancia de la reforma a la Ley General de Educación aprobada por el Senado, la cual permitirá que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias simplifiquen sus procedimientos atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad e incluso mediante la utilización dispositivos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos educativos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional, para su validez oficial.

Estas medidas permitirán garantizar el acceso a la educación básica y media superior a un número importante de jóvenes aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad, y se ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, saberes que previa evaluación demuestren las y los educandos, de igual forma sucederá con la educación superior.

Destaca en el régimen transitorio que las instituciones públicas de educación superior podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación de estudios sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa. Así como que las autoridades educativas podrán coordinarse con otras instituciones para implementar planes de emergencia y acciones afirmativas dirigidos a atender a las personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los grandes méritos de la reforma destaca la modificación del artículo 32, que se refiere a las potestades que deben tomar las autoridades educativas para establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad en cada niña y en cada niño.

Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria —que es la materia de la iniciativa preferente— o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales en términos de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la ley.

Se trata del primer paso para garantizar los derechos de mexicanas y mexicanos que debieron buscar en otro país las oportunidades que les fueron negadas; así como de niñas, niños y jóvenes que nacieron en Estados Unidos y que llegarán a una tierra desconocida con la esperanza de integrarse y ser parte de un país que les garantice la concreción de su proyecto de vida.

@angelicadelap

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Twitter Revista Siempre