México enfrenta un problema estructural en la atención de la desaparición de personas, derivado de factores como la falta de una ley en la materia, inconsistencias jurídicas, la falta de profesionalización de quienes deben atenderlo, aunado a la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad, corrupción y colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada, lo que se agudiza con las condiciones de desigualdad, pobreza y pobreza extrema que impiden un desarrollo social horizontal en distintas zonas del territorio nacional, afirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo a las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o  desaparecidas y de las proporcionadas por instancias de procuración de justicia, en la última década se incrementó el número de personas desaparecidas. De 2006 a 2016 se reportaron 29 mil 903 personas desaparecidas, de la cuales 28 mil 937 son del fuero común y 966 del fuero federal, concentrándose el 82.71% de casos en 11 estados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, que contiene 102 propuestas dirigidas a autoridades federales y locales para la atención integral del problema de la desaparición de personas y fosas clandestinas en México; y en donde advierte de la diversidad de cifras proporcionada por los órganos de procuración de justicia locales, evidencia la necesidad de sistematizar, compulsar y depurar los datos de personas desparecidas.

La “utilización indistinta por parte de los órganos de procuración de justicia locales de los  términos desaparecidos, extraviados, no localizados y ausentes, para referirse a las personas que se desconoce su paradero, hace complejo conocer cuántos casos derivan de una conducta delictiva imputada y/o cometida por agentes del estado o particulares y cuáles obedecen a otras circunstancias” apunta el organismo autónomo.

Agrega que es preocupante la falta de exhaustividad en la investigación de los hechos y en la búsqueda y localización de las víctimas por el Ministerio Público, “lo que patentiza que el Estado cumpla con su deber jurídico de buscar, de inmediato y con todos los medios a su alcance, a la persona desaparecida, investigar las conductas delictivas, ubicar su paradero, identificar a los responsables y lograr que se les sancione, así como proporcionar a sus familiares un tato digno, sensible y respetuoso”.

De igual forma, la CNDH destaca el aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados, “ya que las respuestas envidas por las autoridades ministeriales a este Organismos Nacional indican que del 1º de enero de 2007 a  septiembre de 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas, de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los cuales se identificó a 796”.

Ante este panorama, la CNDH plantea la necesidad, en el corto plazo, de una política integral que prevalezca, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones.

“La desaparición de una persona representa un reto para cualquier Estado, porque ponen a prueba su maquinaria de justicia e investigación frente a los ciudadanos, pero sobre todo frente a la mirada internacional y organizaciones civiles que pugnan en todo momento por el respeto y vigencia de los derechos humanos”.

“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no se ha podido superar en el camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”.

El Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, se emite con la firme convicción de que las autoridades correspondientes en los tres ámbitos del gobierno deben redoblar sus esfuerzos y redimensionar las acciones que actualmente llevan a cabo en beneficio de las víctimas de desaparición forzada de personas y de aquellas cometidas por particulares, para que de inmediato vean garantizados, sin cortapisa alguna, sus derechos enmarcados en la Constitución Política, señala la CNDH.