Desde hace dos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de las deficiencias en el sistema penitenciario que han permitido que grupos del crimen organizado se coronen como los reyes del control y la integridad de quienes habitan en los centros de reclusión. “Al ingresar al Centro de Reinserción Topo Chico, las personas son advertidas del costo: o pagan en efectivo o con su vida”.
En una recomendación emitida el 29 de noviembre del año pasado por la CNDH se da cuenta de las deficiencias que predominan en Topo Chico: “autogobierno, privilegios, objetos y sustancias prohibidas, situaciones relacionadas con el insuficiente personal técnico y de seguridad y custodia, el hacinamiento, la sobre población, la deficiente o nula clasificación de los internos y las condiciones inadecuadas para los hijos de las internas, la ausencia de protocolos para la prevención, manejo y control de riñas, motines y otros hechos violentos”.
Dichos factores han propiciado ambientes de violencia que afectan las condiciones que permiten garantizar la vida e integridad física de los internos, una estancia digna, la gobernabilidad y el acceso a los medios para una reinserción social efectiva.
El documento señala que en febrero de 2016 el penal de Topo Chico, cuya capacidad es de 3 mil 635 personas, contaba con 3 mil 984 internos, entre ellos, 480 mujeres. En esa ocasión había en servicio 49 elementos de seguridad para todo el centro y solo tres directamente en la zona de conflicto.
En marzo de ese año la plantilla de custodios aumentó a 310 distribuidos en tres turnos, conformado de la siguiente manara: tres oficiales, 11 suboficiales, 11 policías custodios primero, 17 policías custodios segundo, 22 policías custodios tercero y 246 policías custodios.
En cuanto a los servidores públicos en la institución eran los siguientes: un alcalde, un subdirector jurídico, dos subinspectores, un representante de la Subdirección de Reinserción Social, un coordinador administrativo, 46 abogados, nueve analistas, cuatro choferes, un consejero de la Sala Superior, ocho criminólogos, un dentista, cinco encargados, 22 enfermeros, 16 jefes de departamento, 12 médicos, tres sicólogos, dos siquiatras, un recepcionista, 17 secretarias, tres supervisores técnicos operativos, un técnico radiólogo y cinco trabajadores sociales.
La organismo autónomo, indica que “tomando en cuenta el promedio de internos de la población total del centro, en uno y otro evento, Topo Chico debía contar con 759 elementos aproximadamente, lo que evidentemente no sucedió, afectándose el adecuado funcionamiento”.
[gdlr_video url=”https://youtu.be/kbrjolhiOyk”]
La Comisión Nacional de Derechos Humanos registro que en abril de ese año la población interna disminuyó a 3 mil 625, de los cuales 3 mil 197 son hombres y 428 mujeres.
De acuerdo al informe de la CNDH, el Centro de Reinserción Social Apodaca tiene capacidad para mil 522 internos y alberga a mil 958, mientras que el penal de Cadereyta cuenta con mil 992 y da cabida a 2 mil 13.
A nivel nacional, la Comisión tiene registrada una población penitenciaria de 251 mil 512 personas en 389 centros penitenciarios: 238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 son mujeres.
En un comunicado de prensa emitido el 9 de diciembre de 2016, la CNDH lanzó un llamado a las autoridades estatales con el título Las imperantes condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e insuficiencia personal penitenciario derivado en hechos de violencia en perdieron la vida 52 internos en Topo Chico, Nuevo León.
Ante esta situación, el organismo nacional emitió una recomendación al Bronco para que atendiera las deficiencias señaladas y desarrollara una estrategia penitenciaria que favorezca el pleno respecto de los derechos humanos y prevenga su vulneración.
De nueva cuenta destacó las características en el penal de Topo Chico, como son la existencia de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, y destacó la pobre cantidad de custodios para garantizar la seguridad entre la población penitenciaria.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH de 2015, Nuevo León resultó con una calificación de 5.66; el Centro de Reinserción Social Apodaca obtuvo 5.85; el de Cadereyta 5.9, y el de Topo Chico 5.24.
El reporte mostró un comparativo de 2006 a 2015, que muestra que los penales de Nuevo León pasaron de una calificación de 7.27 a 5.66.
Agustín Sánchez Bocanegra, director de RENACE, organismo dedicado a brindar apoyo integral a los internos en la búsqueda de la reinserción social, aseguró que en los penales del estado impera el autogobierno. Además consideró que la problemática del sistema penitenciario viene arrastrándose desde hace 20 años.
Sin embargo, advirtió que el actual gobierno no cumple con la Ley de Ejecución de Sanciones, que obliga a brindar comida, servicio médico, de educación y recreación.
Señala que cuando llegó el gobierno de Jaime Rodríguez, se entendió que le habían “dejado las cosas totalmente destruidas, pero pasó un año y cuatro meses y las cosas siguen igual”.
[gdlr_video url=”https://youtu.be/aMUt8mv51mE”]