Desde la vieja estructura capitalina

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

 De la impotencia gubernativa

nace el pandillaje. Jaume Balmes

A la par de las acciones de inconstitucionalidad que tanto la Consejería Jurídica como la Procuraduría General de la República, el Senado y algunos partidos políticos han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe una fuerte presión política a fin de “rebasar” los preceptos de la Constitución capitalina por medio de esta VII Legislatura de la feneciente Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A pesar de los trompicones iniciales, la argumentación y las razones expuestas por las voces escuchadas en el Constituyente abierto —y replicadas en comisiones y Pleno por constituyentes convencidos en ellas—  lograron expresar la mayor parte de los “sentimientos” de una sociedad que le apuesta a reconfigurar la intermediación entre gobernados y gobernantes a favor de la honestidad y la ley.

Ese anhelo social, expresado en el reconocimiento de la democracia directa, la participativa y representativa como los instrumentos de la reconfiguración de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sustentaron la determinación de procesar de forma colectiva el proyecto de decreto de Iniciativa de Ley Constitucional de Alcaldías, conformado por 7 títulos y 177 artículos presentados el pasado 4 de abril con el consenso de todos los integrantes de la mesa que a tal efecto mandató el Pleno de la propia Asamblea.

Quienes participamos en su proceso de elaboración, pudimos constatar la disposición político-partidaria para anteponer el interés general de la población por contar con una disposición legislativa que garantice, con claridad y sencillez, la articulación entre gobernados y sus gobernantes en el primer nivel de relación institucional, es decir, el gobierno conformado por el titular del ejecutivo o alcalde/alcaldesa y su contrapeso ciudadano, los integrantes del Consejo.

Para consolidar esta reconfiguración afirmativa a favor de la democracia capitalina, es menester contar con un entramado legal —en el cual ya se está trabajando, tomando en cuenta todas las iniciativas al respecto— que reconstruya la confianza popular no sólo en todo proceso electoral inherente a la democracia representativa, sino que lo haga a favor de los habitantes de esta ciudad en todos los mecanismos claros del ejercicio de la democracia directa y de la participativa.

Por ello, llama la atención y nos preocupa que desde el último gobierno de la vieja estructura capitalina existan tantas presiones por imponer su Programa General de Desarrollo Urbano, a pesar de estar conscientes de su práctica caducidad ante los nuevos mecanismos de planeación territorial que consagra la Constitución de la ciudad.

Tales presiones obedecen a intereses ajenos al pacto social de la Ciudad de México; no en balde, el filósofo catalán Jaume Balmes atinó en señalar que la causa del pandillaje nace de la impotencia gubernativa, la que evidentemente exhibe el agonizante gobierno de la Ciudad Marca.