Poderes exorbitantes
Raúl Jiménez Vázquez
La sociedad mexicana está inmersa en un verdadero desastre. De ello dan testimonio fiel las innumerables observaciones hechas al Estado mexicano por distintos organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos. Todos ellos convergentes en el hecho irrebatible de que el país se halla envuelto en una inédita y terrible crisis humanitaria, en la que las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son una práctica generalizada.
Lo anterior conforma un dantesco escenario que no está alejado de lo sucedido en Ruanda, ex Yugoslavia, Sierra Leona, Camboya o Timor Oriental. Empero, en vez de dar una respuesta garantista a esa crisis, en lugar de preservar y maximizar nuestras libertades democráticas, se ha optado por la mano dura y para tal fin se han conferido a los milicianos poderes exorbitantes e incompatibles con la normatividad constitucional. De esto dan cuenta la expedición del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y la aprobación de un paquete de reformas al Código de Justicia Militar, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Además de un franco desafío al espíritu civilista que permea en la Carta Magna, ello ha conllevado el relajamiento de los estrictos límites del paradigma posrevolucionario troquelado por el general Joaquín Amaro, según el cual los militares deben desempeñar un papel eminentemente pasivo, acrítico, apolítico y siempre subordinado al poder civil. Ahora, su rol tiene una orientación proactiva y esto les ha permitido ensanchar su esfera de acción e incursionar en los espacios civiles.
Dicha mutación está corroborada con la presencia del sector castrense en el ámbito geopolítico de la seguridad regional, concepto emanado de la Patriot Act de Estados Unidos y de la política antiterrorista de la homeland security, tal como fue puesto de manifiesto durante la reciente comparecencia de la jefa del Comando Norte ante el Comité de Servicios Armados del Senado norteamericano, quien aseguró: “Estamos viendo la evolución de las fuerzas armadas mexicanas, que de estar enfocadas en temas internos, ahora se ven más dispuestas y capaces de ofrecer liderazgo en seguridad en América Latina. Buscan prepararse y responder a crisis internas de seguridad, contribuir a la seguridad regional y asumir mayores responsabilidades globales”.
La aprobación de la ley de seguridad interior significaría la culminación de la debacle del paradigma militar imperante, lo que sin duda constituye una cuestión de extrema gravedad. Diputados y senadores deben estar plenamente conscientes de que esa acción puede provocar una reacción en cadena, un universo de múltiples e inesperadas consecuencias. Por eso, resulta necesario ventilar este trascendental asunto sin presiones de ninguna índole y dentro del mayor número posible de foros políticos, institucionales, académicos y ciudadanos.
