El día de ayer, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue detenido en Florencia, Italia, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR). El ex priista tenía una ficha roja de la Interpol, quien fue solicitada por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR y de la Agencia de Investigación Criminal. El ex mandatario tenía en su poder, al momento de su captura, documentos con identidad falsa.

Tras la captura de Yarrington, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldó el trabajo de la PGR y de las autoridades internacionales:

“Exigimos a las autoridades que se realicen todas las indagatorias correspondientes y se sancione ejemplarmente al ex funcionario acusado de diversos delitos. En el PRI señalaremos todos los casos en los que los políticos se vean involucrados en actos de corrupción, a fin de cerrar el paso a la impunidad”, dijo en un comunicado el tricolor.

Desde 2012, Yarrington era buscado por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Un gran jurado de Brownsville, Estados Unidos, acusó al entonces priista de haber recibido sobornos del Cártel del Golfo durante su mandato (1999 a 2004) y permitir el tráfico de drogas hacía ese país.

De acuerdo con lo anterior, el ex gobernador estuvo implicado de 2007 a 2009 en el tráfico de cocaína desde el Puerto de Veracruz hacia territorio estadounidense. También se le acusó de conspirar para lavar dinero, cometer fraude y mentir a bancos de ese país.

En 2009, la PGR abrió una indagatoria en la que lo acusó de haber financiado su campaña política para llegar a la gubernatura de Tamaulipas con recursos del narcotráfico. En 1998, Yarrington encargó a Jesús Vega Sánchez, ex secretario de organización política del PRI y posteriormente presidente estatal del tricolor, sostener reuniones con presuntos miembros del crimen organizado con el fin de recabar fondos para su campaña.

En diciembre del año pasado, el ex mandatario fue expulsado de su partido por violar su código de ética. Además, Raúl Cervantes, titular de la PGR, informó que se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcionara información de su paradero.

Sobornos

Se menciona que el ex gobernador cobró sobornos de operaciones comerciales en México. Operó la empresa con razón social Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, la cual recibió importantes contratos de obras públicas durante su mandato. En la acusación se detalla que durante la última parte de su mandato Yarrington desvió fondos públicos, de esos recursos los utilizó para comprar un avión Sabreliner 60, en enero de 2005.

En mayo de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos demandas ante cortes federales para decomisar propiedades de Yarrington que supuestamente adquirió en Texas por medio de prestanombres, con recursos de origen ilícito.

El juez cuarto de distrito de amparo en materia penal en el todavía Distrito Federal negó la protección de la justicia a Yarrington contra la orden de aprehensión, también rechazó conceder un amparo para que cesara su búsqueda a escala internacional.

Para diciembre de 2013, el abogado del ex mandatario en Estados Unidos, Joel Androphy, manifestó que las acusaciones que presentaron fiscales estadounidenses contra su cliente y que lo vinculan con el crimen organizado eran “rotundamente falsas”, por lo que el gobierno estadounidense debería probarlo. “No hay ningún soporte contra estos cargos y ninguna evidencia creíble para sostenerlos”.