Quedó a deber

Miguel Barbosa Huerta

Este periodo ordinario de sesiones, que culminará el próximo 27 de abril, estuvo caracterizado por su falta de producción legislativa. Lamentablemente, la labor de los grupos parlamentarios fue dominada por el ambiente político; me refiero a las elecciones en el Estado de México y, sin duda, a lo que ya es el preámbulo de las elecciones federales de 2018. En este sentido, resulta criticable el destino ominoso que se les ha dado a ambas Cámaras del Congreso de la Unión en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. El Congreso le quedó a deber a la ciudadanía en este periodo.

En este periodo de sesiones teníamos que haber iniciado la discusión de las leyes secundarias en materia de seguridad pública. La gran reforma constitucional que modificará el paradigma para combatir la inseguridad no llegó a buen puerto, se habló mucho de un nuevo modelo policial, nada de eso ha visto la luz. ¿Dónde quedó la urgencia? ¿Dónde quedaron las promesas? En el Senado aprobamos el llamado Mando Mixto, cuya minuta, como corresponde, fue enviada a la Cámara de Diputados. Ahí se congeló. ¿Qué tendría que haber ocurrido cuando se hubiere concluido la reforma constitucional? Enseguida tendríamos que haber desarrollado hasta cinco leyes secundarias que pudieran determinar los nuevos vértices, los nuevos elementos de una estrategia en contra del crimen organizado. Esto no ocurrió.

En cambio se crearon las condiciones para hacer pensar que es a través de una Ley de Seguridad Interior como se combatiría la inseguridad pública. Desde mi perspectiva, las iniciativas presentadas en materia de seguridad interior tienen elementos de inconstitucionalidad en los términos de los artículos 21 y 129 constitucionales, cuando se establece que la seguridad pública estará encargada de instituciones de carácter civil. Transgredir este principio crearía un ámbito de inconstitucionalidad para cualquier ley que se emitiera, si antes no se reforma la Constitución.

¿Qué pasó con la Ley de Archivos? La que se construyó en el Senado de la República, la que ha sido rechazada y parada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la que hoy quieren imponer al cierre del periodo, como un asunto que tiene el objetivo específico de tener algo que entregar y no como un producto que tenga las características que la sociedad civil, las organizaciones y los expertos quieren que contenga. Necesariamente en los contenidos de una Ley de Archivos deben integrarse la experiencia, las observaciones y sugerencias de instituciones como la UNAM.

¿Dónde está el nombramiento del fiscal anticorrupción? Está claro que el marco legal que hoy se tiene para que un fiscal anticorrupción desempeñe su función tendría muchas limitaciones. Estoy convencido de que tiene que haber una reforma constitucional, estimo que tiene que haber una nueva propuesta de Ley de la Fiscalía General de la República, pero debe recordarse que si no hay nombramiento de fiscal, el Senado quedaría en falta, porque el 19 de julio es la fecha límite para que el Sistema Nacional Anticorrupción quede totalmente integrado, y uno de sus elementos más importantes es la fiscalía anticorrupción.

Otra pregunta que nace al final de este periodo ordinario de sesiones es: ¿qué pasó con la discusión de la Ley de Obra Pública? Resulta inobjetable que el país cuente con una ley en esta materia que, además de ser ágil y un ordenamiento que permita la eficiencia y eficacia en el sector, permita un ejercicio público, transparente y congruente con la rendición de cuentas.

Se necesita una Ley de Cultura con las observaciones y recomendaciones que hace la sociedad. En otros temas, existe una fuerte oposición a las modificaciones a la Ley de Biodiversidad, debe desarrollarse una discusión de fondo de la Ley Forestal; sin embargo, quedan dos sesiones de cierre del periodo. Desafortunadamente la vida parlamentaria, la vida legislativa fue limitada, fue controlada por la vida político electoral del país.

Percibo un escenario: si el PRI gana la gubernatura del Estado de México, en esa remota posibilidad, el gobierno instruirá a sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión a convocar a un periodo extraordinario en julio para resolver la Ley de Seguridad Interior. Esta es la condición política que esperan.

Lo que sí sería inaceptable es que en las sesiones que le restan a este periodo haya las llamadas “bolas rápidas” o los apresuramientos, como en la ratificación de 19 embajadores. Con el reciente contexto de las relaciones México-Estados Unidos ha quedado claro el papel estratégico que representa el nombramiento y ratificación de embajadores y cónsules. Con comparecencias al vapor, sin la lectura a fondo de los expedientes y de las propuestas que pretenden desarrollar nuestros embajadores, no tendremos una correcta representación en el exterior en esas naciones.

En suma, condeno la inacción que caracterizó este periodo, rechazo los apresuramientos y “bolas rápidas” y contribuiré a que prepararemos una agenda estratégica para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

@MBarbosaMX

Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República