De ser extraditado, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, inicialmente enfrentará tres procesos penales, informó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

Sin embargo, en entrevista con el periódico La Jornada, explicó que en caso de que se generen nuevas sentencias judiciales en su contra, se solicitará la autorización al gobierno de Guatemala para ampliar las acciones jurídicas.

‘‘En el caso de Javier Duarte estamos revisando toda la documentación para que se cumplan todas las formalidades establecidas en el tratado bilateral de extradición de México con Guatemala, y también la información que presentó la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, porque es necesario checar que se integren todos los delitos por los que será juzgado en México.’’

Elías Beltrán precisó que pese a que actualmente hay cuatro acusaciones contra el ex mandatario, se encuentra bajo revisión la orden obtenida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), “porque el acuerdo señala que los delitos que se acusan deben existir en ambos países y que las penalidades superen el año de prisión”.

Además de haber una orden de aprehensión librada por un juez de distrito por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia, puntualizó.

Señaló que los cargos no sólo van contra Duarte de Ochoa, ya que en el llamado caso Veracruz, la subprocuraduría trabaja para que los acusados sean entregados en la extradición, como Javier Nava Soria, uno de los presuntos operadores financieros y prestanombres del ex mandatario, quien fuera detenido en Barcelona.

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Presenta ASF denuncias por desvíos

Hasta el momento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 52 denuncias penales por el probable desvío de 45 mil millones de pesos durante la administración de Javier Duarte en Veracruz; sin embargo, alista otro paquete por las de 2014 y 2015, además de las que se puedan presentar por las irregularidades del ejercicio 2016.

Juan Manuel Portal, titular de la ASF, dejó en claro que dichas denuncias sobre las irregularidades detectadas son independientes de los delitos imputados por la Procuraduría General de la República (PGR), aunque dijo que ahora corresponderá al Ministerio Público actuar contra los responsables.

Después de participar en el foro “Marco normativo para el blindaje de programas sociales y recursos públicos en los procesos electorales 2016-2017”, destacó que cada expediente entregado a la procuraduría está bien fundamentado.

‘‘Las denuncias están en proceso de integración. Conforme va avanzando es responsabilidad de la PGR. Cada 15 días tenemos reunión para ver cómo va el proceso, nos piden información, se revisan los expedientes y la información que falta la estamos proporcionando’’, indicó.

Precisó que en las denuncias “no señalamos responsables ni los delitos, sino qué fue lo que se desvió, faltó y se mal usó. Y la Procuraduría General de la República tiene la facultad de señalar a los responsables, con base en esa información, y qué delitos tiene que perseguir. Es su función’’.

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