Ley de seguridad interior
Raúl Jiménez Vázquez
En el luminoso ensayo La militarización del Estado en América Latina: un análisis de Uruguay, Nelson Minello nos dice que el militarismo consiste, esencialmente, en la progresiva sustitución del modelo democrático liberal por uno en el que prevalecen los valores y las pautas castrenses.
No estamos lejos de esa visión académica. Desde hace años, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas por la clase política a fin de solucionar por la vía de la represión conflictos sociales generados por su miopía, incapacidad y férrea resistencia a someterse al paradigma de la gobernabilidad democrática. El genocidio de Tlatelolco, la matanza estudiantil perpetrada por el grupo paramilitar Los Halcones y el inefable episodio de la guerra sucia son los símbolos vehementes de este incontrovertible desvío de poder.
La tendencia militarista dio un salto cuántico hace más de diez años, cuando, en total violación a lo dispuesto por el artículo 129 de la Carta Magna, los miembros del Ejército y la Marina fueron sacados de sus cuarteles y guarniciones para llevar a cabo en forma indefinida tareas inherentes a la seguridad pública, a pesar de que dicha función está expresamente reservada a las autoridades civiles por el artículo 21 constitucional. Así se dio inicio a la guerra antinarco cuyo sangriento e innegable saldo conmocionó al mismísimo Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La fuerza acumulada por los milicianos a partir de esa funesta determinación se consolidó con la emisión de un paquete legislativo ad hoc en el que les fueron conferidos poderes exorbitantes e incompatibles con la normatividad constitucional, el cual está conformado por el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y las reformas al Código de Justicia Militar, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El proceso en cuestión ha sido acompañado de un aval superior. Haciendo acopio de una honda empatía emocional y política que ha brillado por su ausencia en relación con los reclamos de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, el inquilino de Los Pinos ha hecho un reiterado enaltecimiento de las Fuerzas Armadas, al punto de calificarlas como la “institución de instituciones”. Lo que sin duda alguna constituye una desmesura y un colosal desafío a la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se proclama que ese atributo excepcional solo corresponde al valor supremo de la dignidad humana, pues esta es la viga maestra, la columna vertebral, el ontos y el telos de todas las instituciones.
Si se aprueba la ley de seguridad interior, habrá un escalamiento de la patología de la militarización, se volverá permanente el Estado de excepción que vivimos los mexicanos, se afectarán gravemente las libertades democráticas y se erosionará el espíritu civilista de nuestra Ley Fundamental. Por todo ello, es imperioso oponerse a este absurdo proyecto legislativo.
