En el detalle está el diablo. El gobierno mexicano tendrá que decidir, en los próximos días, si insiste en recurrir a la figura de extradición para enjuiciar al exgobernador de Veracruz Javier Duarte o si negocia con las autoridades de Guatemala su deportación para que las autoridades mexicanas puedan ampliar —tanto como sea necesario— las acusaciones en su contra.
Si México insiste en solicitar la extradición únicamente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no podría ser enjuiciado por otros delitos graves que haya cometido. Duarte no solo lavó dinero y tuvo vínculos con los cárteles de la droga, también construyó una compleja ingeniería para defraudar al fisco con la ayuda de prestanombres, amigos, parientes políticos y de su esposa Karime Macías.
Tampoco se ha hecho público —cuando menos hasta hoy— si el exmandatario está involucrado en muchos de los homicidios y secuestros que se cometieron durante su mandato.
Los próximos días serán determinantes para saber hasta dónde quiere llegar el gobierno mexicano con Duarte. De ello depende el tipo de señal que quiera mandar en un momento en que la sociedad le exige mostrar voluntad política en el combate a la corrupción e impunidad.
De no ampliarse las causas para solicitar su extradición o de no pactar su deportación con el gobierno guatemalteco —que podría poner a Duarte en la frontera por haber ingresado con pasaporte falso—, el mensaje iría en el sentido de que las autoridades mexicanas buscan protegerlo.
Proteger, sobre todo, la parte más sensible de la red de corrupción que tejió y de la que forman parte altos funcionarios y legisladores federales, amén de suegros, cuñados y esposa.
Del tipo de delitos que se le imputen a Duarte será el impacto político que pueda tener su aprehensión.
Hasta hoy los mexicanos no creen que la detención del exgobernador sea una acto auténtico de justicia sino una mera gesticulación, un golpe espectacular para dejarlo en libertad en el último momento.
Esa es la razón por la cual aprehender a este Duarte y al tamaulipeco Tomás Yarrington no ha tenido un efecto de catarsis, ni ha mejorado los niveles de aceptación y popularidad gubernamental.
La pregunta es inevitable: ¿qué impacto pueden tener en los resultados electorales de este año ambas detenciones?
¿Van a beneficiar o a perjudicar al PRI? La pregunta vale, después de que la oposición y diferentes analistas han atribuido fines electorales a los dos casos.
Lo que nadie dice es que todo está sujeto a la determinación con la que el gobierno mexicano decida castigar a dos políticos pillos que buscaron la gubernatura con la única finalidad de utilizar el poder para delinquir.
Lo que sí han provocado ambas aprehensiones es un efecto de rayos X. Hoy muchos mexicanos honrados, que mal viven de su trabajo diario, que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas, comparan su pobreza o medianía de vida con el número de casas, edificios, empresas, ranchos, inversiones y dinero acumulado por dos individuos cuyo máximo logro es haber utilizado un cargo público para enriquecerse de manera grotesca. Y que mientras las autoridades permiten y perdonan la corrupción del poderoso, castigan de mil maneras al pueblo que gobiernan.
¿Justicia o protección para Duarte? En ello radicará tener más o menos confianza en el gobierno y por igual se juega el futuro electoral del partido político en el poder.
