Conflictiva política social
Manuel Nava
Acapulco.- El 2 de abril, durante la asamblea del Consejo Regional de Autoridades Agrarias efectuada en Suljaa, Xochistlahuaca, se acordó “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales”.
Ante la amenaza de otorgar 60 títulos más de concesión para la explotación minera en la zona, el Consejo Regional que integra a 16 autoridades agrarias de la Costa Chica-Montaña, se exigió la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación e informó que ya se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas.
Así, la industria minera se suma a la conflictiva política social de Guerrero y amenaza con anclar aún más la economía estatal que se encuentra en un estancamiento crónico.
Se han incrementado los conflictos entre empresas mineras y los pobladores de las comunidades donde se desarrolla la actividad, lo que resulta inquietante ya que para los gobiernos federal y estatal, y diversas compañías trasnacionales, Guerrero es una de las entidades con mayor potencial para el desarrollo minero.
En la entidad existen cuatro zonas de minerales metálicos ricas en oro, plata, cobre, plomo, hierro, zinc, mercurio, antimonio y tungsteno, de las que sólo se encuentran en explotación Taxco y Mezcala.
Además hay otras tres regiones con potencial no metálico en barito, fluorespato, grafito, cuarzo, calcita, dolomita, puzol, toba, mármol, yeso, amatista, caliza, granito y titanio, así como cobalto, níquel, cromo, potasio y sal. Estas riquezas se extienden sobre el 38% del territorio guerrerense.
Razones para oponerse
Adicionalmente en la región de La Montaña se han detectado yacimientos minerales incluso con vetas más grandes que las de Campo Morado (situado en la región de Tierra Caliente), considerado actualmente como el proyecto más importante de América.
Tan solo en La Montaña se calculan reservas de al menos 80 mil 500 toneladas de minerales metálicos.
Ante este panorama halagueño, existen razones que explican la oposición cada vez más radical de los habitantes de las comunidades donde se encuentra esa riqueza mineral en el subsuelo.
- Los habitantes consideran que las concesiones otorgadas no incluyen beneficios económicos y sociales para las comunidades y en cambio se empobrecen.
- Las medidas protección al medio ambiente se cumplen de manera parcial y en otros casos son inexistentes.
- Las condiciones laborales pasan por alto la protección de los trabajadores y las remuneraciones son raquíticas.
- En la mayoría de los casos, no existen medidas médico asistenciales para las afectaciones de salud que sufren los habitantes y trabajadores.
Pero las empresas también argumentan que la actividad productiva se encuentra afectada por:
- La violencia derivada del narcotráfico que incluye extorsión, secuestro y atentados que afectan no solo a directivos de las empresas sino a trabajadores.
- Un saqueo sistemático que efectúan grupo o personas, sobre las instalaciones.
- Acciones político-sindicales que entorpecen los procesos de producción.
El foro en cuestión incluyó a representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos. Pero las resoluciones son las que deben tomarse en cuenta.
En el acta resolutiva se estableció que ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales y el saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina se hará una lucha política contra empresas y autoridades que estén siendo parte de este daño.
Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo. Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
Añeja crispación social
La crispación social no es ahora. Ha venido evolucionando desde el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, cuando se impulsó el proyecto de Campo Morado.
La oposición de los pobladores a la presencia de las empresas mineras se ha articulado con agrupaciones políticas y desde el 2011 con las autodefensas.
En 2012, los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero. Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales. A lo largo de este año, se han producido diferentes conflictos que tensionaron la relación.
El 30 de enero, vecinos de Nuevo Balsas, Cocula, Real de Limón y La Fundición, bloquearon la entrada a la minera Media Luna en demanda de indemnización ante la baja en la pesca debido a la contaminación que causa la empresa.
La minera Media Luna, filial del grupo canadiense empresarial Torex Gold, cerró los accesos que conducen a la mina en terrenos de Nuevo Balsas, en este municipio de la zona Norte de Guerrero, para evitar que los pobladores que reclaman indemnización reciban apoyo externo de organizaciones.
