Baja calidad profesional y moral

José Elías Romero Apis

Hace unos días, en una ronda universitaria, volvimos sobre los riesgos en los que se encuentran los mexicanos por la sobreproducción de profesionistas emanados de las universidades deficientes. En el caso de la abogacía existen más de 1600 escuelas donde la calidad de sus profesionistas es dudosa en 1500 de ellas.

“Patito” se les llama usualmente a aquellas escuelas de baja calidad profesional y moral, que recogen el cascajo humano que han desechado las universidades de excelencia, que fingen capacitarlo y que le confieren un título de médico, de abogado o de ingeniero a quienes no tienen la mínima idea de lo que hacen. Son los profesionales que matan a quien debiera estar vivo, que enchiqueran de por vida a quien debiera estar libre o que sepultan en el edificio a quien debiera habitarlo.

El asunto es particularmente grave porque en México no existe ningún control sobre la calidad profesional. En el caso de la abogacía, certificamos la escuela pero no a los profesionistas. Los sistemas de control profesional más difundidos en el mundo son dos. El heterónomo y el autónomo. El primero lo ejerce el Estado a través de una oficina de profesiones que supervisa constantemente la calidad, la actualidad y la moralidad del ejercicio profesional. El segundo hace lo mismo pero no el Estado sino los propios profesionistas a través del colegio profesional.

La razón de nuestra carencia es histórica. Hasta hace algunos años prácticamente toda la producción de profesionistas la hacía el Estado a través de las universidades y tecnológicas públicas. Luego entonces, el Estado no se habría de supervisar a sí mismo ni mucho menos permitiría que otros lo supervisaran.

Sin embargo, hoy el panorama ha cambiado. El Estado solo produce una porción de los profesionistas y el resto lo hacen algunas instituciones que dan orgullo y otras que dan grima.

De esta manera, han llegado tiempos que son novedosos e insólitos en México. Se han propuesto tres cometidos iniciales y esenciales.  El primero de ellos es convocar al gremio y a las autoridades a tomar en serio el tema de la colegiación profesional. Un segundo aspecto deberá ser la interlocución con las diversas instancias de gobierno y de la sociedad civil.

Un tercer cometido inicial sería el logro de una codificación de ética profesional. Ello es imprescindible, urgente e impostergable. La abogacía no ha estado sujeta a reglas de conducta profesional claras y definidas. En esto no difiere en mucho de las demás profesiones. Pero, por ahí debe comenzarse. La unión sin reglas éticas podría ser para el mal y no para el bien. Por ello se requieren las reglas de una moral conductual colectiva que determine la sana actuación del abogado frente al adversario, frente al juez, frente al fiscal, frente al cliente, frente a los otros abogados, frente a la sociedad en su conjunto y, al final de cuentas, frente a sí mismo.

Todo lo anterior no es una tarea fácil. Existe un cúmulo de obstáculos que será necesario remover o, cuando menos, sortear. Desde el escepticismo y la desconfianza sobre los propósitos inconfesables que se le puedan suponer o atribuir, hasta la resistencia de aquellos a quienes no les tenga provecho la unión de la abogacía y que puede adivinarse, suponerse o saberse que estos intereses no son ni pocos ni frágiles. Por el contrario, son muchos y recios.

Por nuestro propio bien ojalá avancemos en estos cometidos.

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@jeromeroapis