Entrevista con Víctor Maldonado, catedrático UCAB
Gerardo Yong
Hugo Chávez detentó el poder durante catorce años en Venezuela. A su muerte el 5 de mayo de 2013, el vicepresidente Nicolás Maduro, su ferviente aliado y admirador, asumió el mando nacional tres días después. Maduro desconocía la dimensión del reto que tendría al frente de la nación que durante más de una década lideró la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque de naciones sudamericanas centroamericanas y caribeñas que abrazaban la política populista como principal forma de gobierno y organización.
A lo largo de cinco años de gobierno, el mandatario venezolano se ha enfrentado a serias dificultades políticas como el paulatino desmembramiento del bloque populista en Sudamérica. Argentina desplazó en comicios a los Kichner por Mauricio Macri; en Perú, de igual manera se impuso Pedro Pablo Kuczynski, en sucesión de Ollanta Humala. En Brasil, uno de sus principales aliados regionales, Lula da Silva se encuentra bajo investigación por corrupción, al tiempo que la presidente Dilma Roussef fue destituida por el mismo cargo.
En Uruguay, Tabaré Vázquez sucedió a José Mujica que, aunque izquierdista y aliado de Chávez, ejerció un gobierno de bajo perfil conflictivo. Hoy estos dos países viven su peor momento en 40 años de relaciones bilaterales tras las acusaciones hechas por Maduro contra el canciller uruguayo Nin Novoa al que señala como lacayo de Estados Unidos para desestabilizar su gobierno.
Para colmo, hace unas semanas se destapó la marea turbia de la empresa de infraestructura brasileña Odebrecht, que servía como fuente de ingresos para sus proyectos de expansión populista. El destape de sus operaciones de lavado de dinero, corrupción y favoritismos políticos prácticamente ha dejado sin financiamiento muchos de los proyectos que tenía desde la Venezuela chavista y ha sumido en el desprestigio a la mayoría de los políticos de corte izquierdistas de la región.
Maduro ha estado entre la espada y la pared desde hace más de dos años ante las carencias de su pueblo, la falta de financiamiento económico y, por si fuera poco, presionado por una Asamblea Nacional con mayoría opositora que busca impedirle, entre otras cosas, formalizar nuevos contratos en contubernio con empresas extranjeras. El mandatario venezolano optó por inhabilitar al parlamento acusándolo de desacato a través del Tribunal Supremo de Justicia y, de esta manera, abrirse paso por encima de los legisladores opositores, que hoy lo acusan de haber perpetrado un autogolpe de estado.
Para Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Caracas en Venezuela, Maduro prefirió actuar mediante una decisión autoritaria antes que someterse a un lineamiento democrático a través de una asamblea independiente.
Según Maldonado, quien también es licenciado en Estudios Políticos y Administrativos por la Universidad Católica Andrés Bello con esta acción, el mandatario sudamericano buscaba evadir la justicia, así como evitar ser investigado por posibles casos de corrupción y abuso de poder. A continuación les presentamos la entrevista que dio a Siempre! vía correo electrónico.
Régimen entrampado
¿Cómo se puede interpretar la acción realizada por Maduro al inhabilitar al parlamento y qué implicaciones tendría esto?
El régimen no ha podido procesar democráticamente los resultados electorales de 2015 que le otorgaron a la alternativa democrática la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Desde el primer momento comenzó su desconocimiento mediante un discurso descalificador, la constitución de un mal llamado “congreso de la patria” a quien prefería rendirle cuentas, la invalidación de tres diputados (diputados indígenas del Estado Amazonas) para rebanarle la mayoría absoluta, y el uso abusivo e ilegal de la sala constitucional del TSJ para invalidar todas y cada una de las decisiones de la Asamblea bajo el criterio de que estaba en desacato. Desde el punto de vista de la más elemental lógica constitucional todas estas iniciativas vulneran la autonomía de los poderes públicos y disuelven por la vía de los hechos la legalidad. Pero el régimen prefirió descontar los costos políticos antes que jugar en el campo del pluralismo democrático. No quería ser evaluado por una Asamblea independiente. No quería ser investigado ni tampoco estaba en disposición de negociar presupuestos y créditos adicionales. Simplemente no tienen disposición democrática porque son un régimen autoritario, que además reniega de la democracia representativa.
El problema está en que calcularon mal la reacción internacional, que ha venido acumulando un conjunto de evidencias sobre el deterioro agudo de la democracia venezolana, y la distancia que el régimen tiene de cualquier patrón de comparación. La carta democrática de la OEA y de MERCOSUR no se ajustan a las necesidades del pueblo venezolano. También creyeron que administrando represión, persiguiendo a los líderes de la oposición, judicializando la política y teniendo capacidad de extorsión para obligar a un diálogo espurio, podían lograr una normalidad autoritaria que les permitiera tener un parlamento apaciguado, disminuido en sus atribuciones, pero disponible para autorizar endeudamiento internacional. Eso no lo han logrado, el diálogo intentado con mediadores tan sesgados como el grupo de ex presidentes presididos por Zapatero, y con la anuencia de una diplomacia vaticana muy distante de los diagnósticos, comunicados y actuación de la iglesia católica venezolana, representada por la Conferencia Episcopal, se han traducido finalmente en la legitimación de cualquier tipo de conversación intentada entre el régimen y parte de la oposición.
El régimen está entrampado porque no tiene capacidad legal para endeudarse, y está sometido a presiones de pago de obligaciones de deuda que vacían sus reservas e imposibilitan estrategias de planificación central para el abastecimiento del país. Por otra parte, el uso abusivo del TSJ, desprovisto de autonomía, integrado por leales al régimen, sin ningún otro académico o profesional destacable, ha afectado la reputación del régimen hasta hacerlo responsable de la ruptura del orden constitucional, precisamente por actuar en comandita para malograr la autonomía de un poder público, y seguir con la inercia autoritaria. La inhabilitación, o su intento, fue un traspié del régimen, que no previó la presión internacional ni la indignación interna.
Insurgencia ciudadana
¿Cuáles serían las estrategias a seguir por parte del pueblo venezolano?
Yo creo que el pueblo venezolano tiene que incrementar participación e involucramiento. Más movilización, mayor coraje, más exigencia estratégica a sus líderes, y más firmeza en el reclamo. El régimen quisiera contar con una ciudadanía apaciguada, confiscados sus derechos, extorsionada a través de una cartilla de racionamiento, vigilada panópticamente, y con mucho miedo. Precisamente porque teme la insurgencia ciudadana que le dificulte sus problemas de gobernabilidad y haga obvia su ilegitimidad. Creo que la Mesa de la Unidad Democrática cometió un error al desmovilizar la protesta cívica y al no estar a la altura de la demanda popular de cambio político. Ese error no puede volverlo a cometer. Así como no puede seguir privilegiando una agenda de partidos que no considera a los ciudadanos y excluye a factores muy representativos de la sociedad civil. Deben constituir una unidad para lograr un pacto político, no meramente electoral. Deben demostrar grandeza en la formulación de consensos y deben presentar un programa de acciones para recuperar la libertad y los derechos. Sin esas condiciones, el camino de la liberación será más largo, incierto y tortuoso.
Socialismo ruinoso y corrupto
¿Qué reacciones esperan de la comunidad internacional?
De la comunidad internacional se espera toda la solidaridad activa que sea posible. Es más que obvio que Venezuela rompió todos sus compromisos democráticos. No es una democracia, y debería haber tolerancia cero con la violación de los derechos humanos, la corrupción, los coqueteos con el narcoterrorismo, y con el saqueo del país. Deberían comenzar a instrumentar medidas de presión para que el régimen decida hacer elecciones debidamente monitoreadas, y haya un cronograma para restaurar la legalidad constitucional. Luego de haber subvertido el orden constitucional no queda otra opción que obligarla a liberar a los presos políticos y hacer elecciones generales. Mientras permanezca este gobierno, los ciudadanos estamos condenados a la violencia, la represión y la pobreza. Y todo porque el régimen insiste en el socialismo ruinoso y corrupto. Eso no tiene enmienda con este régimen. Hay que hacer todo lo posible para que haya cambio político.
