Las mujeres estamos en todos los ámbitos de la sociedad. Hemos dudado de dogmas e imposiciones culturales y, de a poco, cambiamos nuestras realidades.

En enero de 2016 se concretó la reforma política que dio paso a la redacción de la primera Constitución de la Ciudad de México. En ella participamos 49 mujeres de partidos políticos, sociedad civil, academia, cultura, periodistas, y coincidimos en un tema: el bienestar de las mujeres. Tan grande objetivo exigía garantizar constitucionalmente el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una vida digna, el reconocimiento de todas las familias, la participación en condiciones de paridad, entre otros.

Los derechos que plasmamos forman parte de legislaciones vigentes, otros de realidades ignoradas y algunos más de aspiraciones por la igualdad y la libertad, sin embargo, reiteradamente han sido cuestionados los derechos humanos, con base en prejuicios respecto al tema o grupo de población reconocido. Habrá que insistir en que expandir el reconocimiento de derechos no daña a otras personas y sí fomenta la igualdad y el respeto, por ello expongo algunos de los razonamientos:

La autodeterminación es la posibilidad que tiene cualquier persona de elegir su profesión, ideología, religión, expresar sus afectos, elegir a quién amar y decidir sobre su cuerpo. Nuestra cultura sostiene que las mujeres y los hombres tienen condiciones desiguales para cada uno de estos hechos, por ello es tan importante explicitarlo y llevarlo a la práctica.

Cada día conocemos historias de personas a quienes les es negada su identidad, ocasionando que su vida esté sujeta permanentemente a la discriminación, por esa razón garantizamos el reconocimiento de la identidad que debe tener cualquier persona. En este mismo artículo que define una “ciudad de libertades”, ampliamos e igualamos derechos a todas las estructuras, manifestaciones y formas de convivencia familiar, es decir, a las familias en plural. Un alcance más fue separar los derechos reproductivos de los sexuales para promover una cultura responsable, consciente, informada y consensuada. La reproducción no puede seguir siendo un evento casuístico, sin elección o incluso producto del sometimiento y la violencia.

Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales está “una vida digna” que busca erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, así como el acceso a programas y servicios sociales. Considera también la alimentación, salud, vivienda, el cuidado y el derecho al agua. ¿A quién podría vulnerar?

En un intento por reconocer a los grupos de atención prioritaria y de manera inédita, distinguimos algunos de los retos de distintas mujeres:

Niñas que aspiran a gozar del derecho a la educación, la salud, a ser consultadas en las decisiones que les competen, a ser tratadas de manera digna, respetuosa y con amor.

Jóvenes, quienes deben contar con el más amplio reconocimiento de ciudadanía, salud, de respeto a sus derechos sexuales y distinguirlos de sus derechos reproductivos, a que su identidad sea respetada y reconocida.

Mujeres mayores, que aportan a nuestra riqueza cultural y sociedad y no deben ser segregadas de la vida pública, económica, política.

Mujeres con discapacidad, que deben tener los mismos espacios y oportunidades que cualquier otra persona para estudiar, trabajar, disfrutar de la cultura, la sociedad, para lo cual es urgente eliminar barreras y garantizar la accesibilidad.

Mujeres indígenas, que nos comparten otra visión del mundo y de las tradiciones, nos recuerdan una cultura milenaria que aporta un enorme valor a nuestra sociedad.

Mujeres transexuales y transgénero que aspiran a que su identidad de género, expresión de género sea reconocida para poder estudiar, trabajar, gozar del derecho a la salud, en síntesis, a vivir sin desigualdad.

Lesbianas, quienes aspiramos a gozar de derechos plenos sin que ello dependa de la apariencia o del hecho de construir la vida amando a otra mujer.

Mujeres migrantes, refugiadas, periodistas, defensoras de derechos humanos, en situación de calle, privadas de su libertad y tantas y tantas más que desde todas sus identidades estamos protegidas en esta Constitución.

A todos estos avances sumamos el principio de paridad que ha permitido exhibir el histórico trato discriminatorio en relación con la representación política de las mujeres, en condiciones de igualdad a los hombres. No es una cifra arbitraria de participación sino una forma real de redistribuir los espacios de toma de decisión y compartir las responsabilidades. Parece un tema nuevo pero ha estado en la agenda pública desde la Primera Cumbre Europea en Atenas en 1992. En México ha impactado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, pero no por ello hemos alcanzado el objetivo, falta fortalecer el ejercicio de derechos y tomar los espacios de representación y la administración pública.

Tras el resultado del diálogo, la argumentación, deliberación y la toma de decisiones por la vía democrática que tuvimos en la Asamblea Constituyente, comenzamos el festejo y fortalecíamos su difusión. En respuesta y sin reconocer la importante participación de las organizaciones sociales, gremiales y los entes públicos, quienes presentaron propuestas, fueron promovidos distintos recursos constitucionales que buscan revertir algunos de estos derechos mínimos.

Estoy segura de que prevalecerán los argumentos que ya hemos aportado y el resultado nos beneficiará como sociedad, pero no basta delegar la responsabilidad de la defensa, como sociedad civil nos corresponde conocer nuestros derechos y defenderlos con organización, ahí nos convoca la participación ciudadana para encontrarnos con la historia.