BERNARDO GONZALEZ SOLANO
Éramos pocos y parió la abuela: Sudamérica abrió la “caja de Pandora” y los ríos se salen de madre en Perú causando muchos daños y pérdidas de vidas. En Colombia el balance de ahogados y desaparecidos suma centenares (250 muertos) y el presidente Santos es acusado de haber recibido dinero ilegítimo para su última campaña. En Paraguay, el pueblo se subleva por la reforma constitucional que permita a los presidentes reelegirse y es reprimido policialmente, lo que origina que algunos funcionarios sean cesados. En Brasil, la corrupción lleva a la cárcel hasta a los hipócritas acusadores de Dilma Rousseff. En Argentina la expresidenta Cristina Fernández trata de no caer tras las rejas. La cancillería de Chile impidió la entrada del ministro de la Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira por lanzar ofensas en contra de Michelle Bachelet y tratar de boicotear la compra de productos chilenos en Bolivia. Lo que agudizó la tensión diplomática y política entre ambos países. Y Venezuela va de mal en peor. El chavismo bolivariano, representado por el “heredero”, Nicolás Maduro Moros, no solo se enfrenta a la mayoría de los venezolanos por la crisis que sufre el país en todos los órdenes, sino que llega a la locura de “invadir” territorio colombiano sin medir las consecuencias: una posible guerra que no tiene razón de ser. Para que nada falte, le falló un absurdo “autogolpe de estado”. Y lo que resta.
En la República Bolivariana de Venezuela los problemas no surgieron de un día a otro. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, vivían en pobreza extrema el 45% de los venezolanos. Diecinueve años más tarde este porcentaje subió nada más al 75%. Datos de un estudio conjunto de las universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello y Central de Venezuela. Para ejemplificar aritméticamente lo que esto significa, los estudiosos del populismo venezolano calculan que los gobiernos de Chávez y de Maduro han “gastado” mil veces mil millones de dólares, es decir, cifra superior a lo que Venezuela erogó en sus primeros 178 años de independencia.
De acuerdo a las últimas estimaciones, el primer trimestre del año en curso, entre abril y junio, la tasa de cambio ascenderá a 1,195 bolívares por dólar y al cierre de 2017, llegaría a 3,806 bolívares por cada dólar. En el mejor de los casos. Triste panorama para el país con las mayores reservas certificadas de petróleo en la Tierra: 297 mil millones de barriles. Sin populismos.
En tales condiciones el sábado 1 de abril, la nación bolivariana amaneció con la sensación de que ya había vivido lo que ahora veía: el 11 de abril de 2002, el país conoció un golpe de Estado que derrocó durante 72 horas al entonces presidente Hugo Chávez. Ahora, sucedió algo similar: tres días vertiginosos, de manifestaciones y contramanifestaciones, que llegaron a una especie de “borrón y cuenta nueva” –que no satisfizo a los opositores antichavistas–, por parte de las instancias judiciales que le son afectas al gobierno de Maduro.
Era la gota que rebasaba el vaso en la escalada de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo desde que la nueva Asamblea Nacional (AN) –con mayoría antichavista– tomó posesión el 4 de enero de 2016, hace poco más de un año.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el brazo jurídico de Maduro que contra viento y marea ha boicoteado las decisiones tomadas por el parlamento. Por lo menos ha dictado 46 sentencias contra todos los actos legislativos emitidos por los representantes de la soberanía popular en los últimos 16 meses.
Así las cosas, la tremenda lucha por el poder en Venezuela el jueves 30 de marzo se enfiló por un abrupto camino cuando el TSJ dispuso que asumiría las competencias de la Asamblea –donde la mayoría es de oposición–, debido a la persistencia del “desacato” de los legisladores porque estos se negaron a cumplir varias sentencias del Supremo, especialmente la aceptación de tres diputados claramente opositores al presidente Maduro. La reacción de los asambleístas fue inmediata. El presidente de la AN, Julio Borges, dijo en el recinto legislativo: “Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencias de la Sala Constitucional”, rompiendo el documento del TSJ, frente a la prensa. Agregó: “A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos”.
La reacción nacional e internacional fue evidente. Propios y extraños coincidieron: “Esto es un golpe de Estado”. El líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles se dirigió a la comunidad internacional y dijo: “qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar una posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura”. Asimismo, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó la decisión del TSJ como un “autogolpe” de Estado. El organismo interamericano convocó para el lunes 3 de abril, una reunión de emergencia para discutir los pasos a seguir en la problemática venezolana.
El guión de los últimos acontecimientos en la república bolivariana parece copiado de una telenovela si no fuera porque en realidad es un drama nacional que afecta a todo el país sudamericano. No fue una “victoria constitucional” como vociferó Nicolás Maduro. Todo lo contrario. El régimen chavista acusa ya muchas grietas. La más grande fue hecha por Luisa Ortega Díaz (Valle de la Pascua, Venezuela, 1958), fiscal general de la república, y uno de los principales poderes del Ejecutivo. Las palabras inéditas de la jefa del Ministerio Público, que surgieron en medio de la condena mundial y la censura creciente de los países de la OEA, pegaron en el blanco, en la línea de flotación del “madurismo”: “Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”…”Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por el evento [las sentencias del TSJ]… Un deber histórico ineludible”. Sus palabras fueron transmitidas por la televisión del gobierno, pero el mensaje que publicó vía Twitter, en la cuenta de la Fiscalía General, fue eliminada en pocos minutos.
La crítica de Luisa Ortega representa un fuerte golpe contra la autoridad de Nicolás Maduro, y agrega implicaciones jurídicas. Un bloque de asambleístas presentó el viernes 31 de marzo en la propia Fiscalía General una acción penal contra los magistrados (paniaguados de Maduro) de la Sala Constitucional del TSJ. Las fisuras del chavismo se agrandan. Pero nada más.
La Fiscal General, Luisa Ortega –cuyo mandato termina hasta el año 2020–, siempre fue fiel aliada tanto de Hugo Chávez como del cachorro heredero. Sin embargo, en los últimos meses se había mostrado reacia a imputar a opositores con las acostumbradas argucias chavistas. Según parece, la abogada empezó a cambiar su acostumbrado apoyo al gobierno bolivariano cuando acudió a Ginebra, Suiza, el año pasado para ser cuestionada por la falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. Su posición siempre militante –como demostró durante el proceso contra Leopoldo López cuya esposa Lilian Tintori se ha convertido en su principal defensora–, se fue distanciando, siempre de puertas adentro, conocedora de que estas violaciones legales no prescriben.
Al respecto, el politólogo Luis Salamanca, citado por el periódico El Mundo, de Madrid, abundó: “El gran paso de quiebre dentro de la estructura de poder lo acaba de dar la fiscal general, la garante de la legalidad. Eso significa el agrietamiento y posiblemente también la ruptura de la estructura interna del poder chavista. La cohesión de la estructura del poder se empieza a perder, se está agrietando y, cuidado, si no se produce una crisis interna en el régimen”.
Por su parte, el presidente de la AN, Julio Borges, no solo rompió el comunicado del TSJ donde anunciaba que este organismo asumía las facultades del parlamento, sino subrayó: “El gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo. Este es el momento en el que Maduro debería tener la grandeza de convocar unas elecciones generales y de construir esa transición en paz que todo el mundo está pidiendo”.
Por el acoso de la presión internacional –en la que tomó parte el gobierno de México, aunque sin el intento de liderar el bloque más fuerte de la OEA, todo muy “diplomático”, muy a la “Videgaray”, sin heder, ni molestar–, y los reparos de la fiscalía general, el TSJ cambió las sentencias judiciales que usurparon las funciones del parlamento. Es decir, dio marcha atrás. Un retroceso aparente que nadie cree en la oposición. “!Al mundo y a Venezuela, no ha habido cambio! La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo. Nada ha cambiado, el golpe sigue, hay que seguir luchando”, sentenció el Presidente de la Asamblea, Julio Borges. En solo dos días, según los voceros de la oposición, Nicolás Maduro había pasado de presidente a rey el martes y de rey a monarca absoluto el jueves. Se trata de una decisión insólita e inédita en la historia del movimiento político que rige los destinos venezolanos desde hace poco más de 18 años.
El futuro de Venezuela es una incógnita, en un juego de poderes donde unos y otros mueven sus hilos. Su ejército calla. La OEA parece estar en una nueva situación que ya no se mueve solo por órdenes de Washington. En este sentido, México puede perder una oportunidad única, que le podría dar su actual enfrentamiento con Donald Trump. De América Latina, a la Casa Blanca solo parece interesarle México y su “hermoso Muro”. De todo eso, Maduro saca raja. Nadie, excepto Almagro, parece buscar el protagonismo en contra del heredero de Hugo Chávez. Por eso, Maduro ha sobrevivido. Y seguirá. La “dictadura” bolivariana tiene muchos padres: los blandengues mandatarios de Hispanoamérica. Pobres venezolanos. Una vez más se comprueba que eso de la “hermandad latinoamericana” es puro cuento y materia de discursos. VALE.
