Luego de que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fuera detenido con fines de extradición en el Municipio de Panajachel, Guatemala, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señaló que a partir del hecho judicial en el que están 11 ex mandatarios estatales “los órganos de inteligencia mexicanos tendrían que estar haciendo un mapeo de todos los gobernadores y ver realmente hasta dónde están penetrados por la delincuencia”.
En entrevista con Excélsior, comentó que el recuento de la situación legal de 11 ex gobernadores, actualizado a partir de la captura de Duarte de Ochoa le “revela que son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos y que hay una parte del poder político del país vinculado con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico”.
La especialista en transparencia y corrupción, destacó se ha dicho que los presidentes municipales y algunas otras autoridades designadas podrían estar vinculadas con la delincuencia, sin embargo los recientes casos como los del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia y el de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, “no queda para dónde hacerse, está claro que hay un vínculo con la delincuencia”.
De acuerdo al diario, los delitos por los que los 11 ex mandatarios tienen que rendir cuentas ante la justicia son contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad y trafico de influencias.
María Amparo Casar aseguró que “la mancuerna, corrupción-impunidad, es la que tiene a México como lo tiene. Son muchos casos de gobernadores que han pisado la cárcel, pero que en poco tiempo, incluso en pocas horas están fuera”.
En el documento México: Anatomía de la Corrupción, presentado por Casar, se indica que entre 2000 y 2013, periodo en el que “México tuvo 63 gobernadores, la prensa reportó 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores. De los cuales, sólo 16 fueron investigados y únicamente cinco gobernadores fueron procesados y encontrados culpables.
En este sentido, la presidenta del MCCI afirmó que los actos de corrupción entre los gobernadores comenzaron en la primera transición política, en el 2000 cuando el PAN obtuvo la presidencia de la república, “aunque lo situamos mal, en realidad comenzó a partir de 1997, pero sí se pisó el acelerador en el año 2000. En 1997, con el presidente Ernesto Zedillo, justo fue el año del primer gobierno sin la mayoría, y ahí empieza el crecimiento del dinero que se otorga a los estados, se acelera de manera muy fuerte con Vicente Fox y luego sigue con Felipe Calderón”.
La especialista en temas de política mexicana y política comparada, agregó que “el problema fue que esas cantidades mayores de dinero que se encontraron a través, tanto de participación, como de aportaciones, se empezó a dar sin pedir a cambio, digamos, vigilancia sobre el mismo, sin cuidar que los recursos fueran etiquetados, para que llegaran al destino que debían llegar”.
Amparo Casar señaló que hay que vigilar los recursos públicos “…antes los gobernadores robaban lo mismo o más, lo que vemos hoy es un cinismo, nuevos mecanismos, unos muy ingeniosos, otros muy burdos, algunos como las empresas fantasmas, el outsourcing, en fin todo lo que hemos ido investigando, sobre estas formas; ahora hay una sociedad civil más alerta y periodismo de investigación que están descubriendo estas formas que han adoptado”.
Advirtió que los gobernadores apuestan a la impunidad, a que no vaya a ocurrir nada o apuestan a que, el que sigue en el cargo los va a tapar”, afortunadamente, empezamos a ver avances como el de Yarrington, aunque muchos años después”.