Proteger nuestra riquísima diversidad

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

La cultura y la civilización todo lo nivelan y concilian y pronto harán de todo el mundo

una familia sin linderos, términos ni vallas. Joan Arolas

En esta ciudad, particularmente los recintos legislativos han sido ejemplos del poder conciliador de la cultura; así lo prueba la reforma constitucional de 2009, a través de la cual los integrantes de las LX Legislatura y el constituyente permanente hicimos patente esta virtud conciliadora, al reconocer por unanimidad el derecho de acceso a la cultura, el ejercicio de los derechos culturales, el respeto a la riquísima diversidad cultural mexicana y a la libertad creativa.

La adición del entonces párrafo noveno, al artículo 4 de la Constitución, concretó los anhelos de quienes entendemos que la cultura merece ser reconocida como el ejercicio de un conjunto de derechos individuales y colectivos, que provoca un proceso de cohesión social dentro de su diversidad de expresiones y quehaceres.

Construir el andamiaje jurídico que garantizara e hiciera exigible esta fundamental vertiente de los derechos humanos ha requerido del genuino interés de legisladores, creadores, promotores culturales y especialistas en derechos culturales, quienes desde el pasado 2016 han vertido sus saberes y propuestas, que integradas en un “Documento Orientador” redactado por un grupo convencido de la urgencia de contar con un marco legislativo que expresa de forma lisa y llana tanto los derechos culturales del pueblo mexicano como los mecanismos de interacción y gobernanza entre los sectores público, social y privado.

Gracias a la sensibilidad y comprensión de los integrantes de la Comisión de Cultura de la LXIII Legislatura, presidida por el diputado Santiago Taboada, en sesión de pleno se decidió asumir ese trabajo colectivo como iniciativa de Ley de los Derechos Culturales, con lo cual, sumado a tres iniciativas presentadas en el Senado de la República, lo integra al insumo legislativo que permitirá contar con un marco normativo nacional que ubique los derechos culturales en el ámbito del desarrollo integral de nuestro país.

De ahí la importancia de recordar la “complementariedad de los aspectos culturales, económicos, ambientales y sociales del desarrollo”, abordando dicha cualidad sin pruritos y silogismos, a fin de reconocer que la cultura es provocadora de riqueza espiritual, de cohesión social y de desarrollo económico y ambiental.

Con este mismo espíritu, actualmente estamos diseñando la arquitectura jurídica de las leyes constitucionales que, desde la Asamblea Legislativa, nos hemos propuesto elaborar a favor de la ciudad y, sobre todo, de las alcaldías que gobernarán las demarcaciones territoriales a partir de octubre de 2018.

Lo hacemos porque, al igual que el poeta catalán Joan Arolas, estamos convencidos de que la cultura nivela, concilia y permite construir un mundo sin vallas, linderos, y mucho menos muros, que aíslen y segreguen, sino todo lo contrario.

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