Con apego a principios constitucionales e internacionales
Miguel Barbosa Huerta
El Estado mexicano requiere desarrollar una política exterior con apego a los principios constitucionales e internacionales para la conducción de las relaciones ante la comunidad internacional. Asimismo, establecer las directrices para poner en marcha acciones diplomáticas y jurisdiccionales ante organismos y tribunales internacionales por actos de otros Estados que amenacen o afecten su soberanía, integridad o intereses nacionales, como el muro que pretende construir el gobierno de Estados Unidos.
Para el Estado mexicano los objetivos de la organización internacional entre naciones son lograr una comunidad de paz, justicia e igualdad; fomentar y robustecer la solidaridad y colaboración internacionales, y defender la soberanía, integridad territorial e independencia.
Desde esta perspectiva deben desarrollarse los siguientes principios: autodeterminación de los pueblos; la no intervención y la solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza; proscripción de barreras físicas y tecnológicas; igualdad jurídica de los Estados; cooperación para el desarrollo; cooperación económica e intercambio comercial; diversificación de mercados e integración regional; respeto, protección y promoción de los derechos humanos; lucha por la paz; buena fe en las relaciones internacionales, y personalidad cultural de las naciones.
Por el momento que vive el país adquiere especial relevancia el principio de proscripción de barreras físicas y tecnológicas, al asumir que la imposición de barreras físicas que separan las fronteras entre países con el objetivo de impedir la migración de personas socavan la armonía en las relaciones de amistad entre las naciones, son incompatibles con los propósitos del derecho internacional y constituyen una violación a los derechos humanos, una afrenta a la dignidad del Estado, así como el quebrantamiento de los principios de proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, de la lucha por la paz y la seguridad, de cooperación económica y de cooperación para el desarrollo.
En ese sentido, el Estado mexicano no debe reconocer, ni prestar ayuda o asistencia a la creación o mantenimiento de esas situaciones ilegales, ni consiente su imposición, rechazando toda amenaza, intimidación o coerción que pretenda forzar su reconocimiento.
Esta propuesta se funda en la Opinión Consultiva 131/2004 emitida por la Corte Internacional de Justicia, en relación con las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. En este caso, la Corte Internacional de Justicia concluyó que su construcción es violatoria del derecho internacional humanitario.
Ante los cambios constantes del panorama global, el proceso de programación de la política exterior es dinámico y permanente. Comprende las fases de proyección, aprobación y ajuste, mediante una Estrategia General de Conducción de la Política Exterior, a cargo del titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las autoridades diplomáticas y consulares y demás autoridades competentes, la cuales deberán acreditarse en una ley en la materia.
Consideramos necesario que el Senado de la República analice permanentemente dicha política exterior en todas las fases de su desarrollo mediante los mecanismos dispuestos en la Ley y demás disposiciones aplicables, emitiendo las recomendaciones resultantes de los procesos de evaluación que al efecto implemente.
Considero que en una política exterior de Estado debe estructurarse mediante una serie de procedimientos diplomáticos —ante la ONU y ante la OEA— y jurisdiccionales —Órgano de Solución de Diferencias, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional— propios del derecho internacional, a los que el estado mexicano debe acudir cuando se cometan actos que afecten su soberanía, su integridad y sus intereses nacionales.
En este sentido, se propone establecer como intereses nacionales: la soberanía nacional; la integridad del territorio nacional; el aprovechamiento óptimo y sustentable de los recursos naturales propiedad de la nación; la defensa y eficacia de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y los de los migrantes en el exterior; la forma de gobierno republicana, democrática, representativa, laica y federal, y el respeto al orden constitucional mexicano y al derecho internacional.
En las bases de la política exterior deben cuidarse el desarrollo conceptual de los principios de conducción de relaciones ante la comunidad internacional, con la programación democrática de la política exterior del Estado mexicano, estableciendo pautas razonables de actuación y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, así como en los casos necesarios, la obligación de activar los instrumentos diplomáticos y jurisdiccionales idóneos para defender la soberanía e integridad del propio Estado mexicano.
Ante el autoritarismo y la amenaza de algún integrante de la comunidad internacional, el Estado mexicano siempre apelará al derecho internacional y a sus instituciones como instrumentos para mantener la convivencia pacífica entre las naciones, generar condiciones sustentables para su desarrollo social, económico y cultural, así como para proteger el principio universal de la dignidad humana.
@MBarbosaMX
Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República
