Tomás Yarrington está en la lista de los gobernadores más corruptos de la historia de México, es un ejemplo de la ilegalidad con la que operan hoy los mandatarios locales, pero su aprehensión ya no despierta ninguna euforia.
La razón tiene que ver con el timing político. Al exgobernador de Tamaulipas lo apresan trece años después de haber dejado el cargo y cinco después de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO) iniciara la investigación en su contra.
Tuvieron que transcurrir casi tres sexenios para que se tomara la decisión de llevarlo ante la justicia. Detenerlo justo a dos meses de las elecciones en Nayarit, Estado de México y Coahuila, y a otros más de que inicie el proceso para elegir candidato a la Presidencia de la República suena a querer darle algo de carne cruda a la opinión pública para que se entretenga.
Hoy lo que espera el electorado es una muestra contundente de que existe voluntad política para combatir la corrupción, y la mejor forma de hacerlo es ordenar la aprehensión de los exgobernadores acusados de enriquecimiento ilícito.
Pero, el caso tiene otros ángulos y razones de ser.
La detención de Yarrington y del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia se producen en el marco de las intensas negociaciones que hoy sostiene el gobierno mexicano con el de Estados Unidos para tratar de cambiar la mala percepción que tiene Trump del país.
Apenas la semana pasada —aquí lo dejamos consignado— el secretario de Seguridad John Kelly insistió públicamente en que uno de los problemas en la relación bilateral es la corrupción que existe en México relacionada con el negocio de las drogas.
Así que, después de una eterna espera, se logra lo que parecía imposible: la detención de Tomás Yarrington, uno de los bad men a los que, seguramente, se refirió Trump no hace mucho y que junto con otros forman parte de la lista de los que han construido su fortuna envenenando estadounidenses.
El lugar y el momento en que se detuvo a Yarrington demuestran que se sentía protegido. Se dice que, desde hace dos meses, la policía italiana recibió la orden de buscarlo, pero lo cierto es que nadie que se sepa perseguido y con una ficha roja de Interpol en su contra puede estar cenando a sus anchas en un restaurante en la Piazza della Signoria, en Florencia.
Lo que ignoraba el exgobernador de Tamaulipas es que México está hoy obligado a demostrar al gobierno de Estados Unidos que hay voluntad absoluta para cooperar con la nueva política antidrogas impulsada por la nueva administración.
Si es así y de lo que se trata es de atrapar a los bad men, ¿quién sigue? ¿Con qué otros expedientes de políticos mexicanos cuenta la DEA y la CIA, y hasta dónde quiere llegar Trump?
Lo que demuestra el encarcelamiento de Yarrington, acusado, cuando era gobernador, de proteger al cártel del Golfo y de los Zetas, es que Washington está dispuesto a utilizar la narcopolítica como instrumento de presión contra México.
También demuestra que la cooperación bilateral antidrogas acaba de dar un giro. Lo que no sabemos es: ¿a cambio de qué?
@pagesbeatriz
