Producto de un grupo plural y diverso
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La cultura y la civilización
todo lo nivelan y concilian. Joan Arolas
En tanto que la Constitución de la Ciudad de México asume como principio fundamental los derechos culturales expresados en la literal D del artículo 8 del pacto capitalino, la batalla argumentativa para su pleno reconocimiento en la Cámara de Senadores, y por parte de los representantes de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, obligó a construir y reconstruir documentos para lograr establecer un dictamen de Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que recientemente resultó aprobado por la mayoría, al finalizar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
Pese a que en 2009 se firmó la reforma constitucional a los artículos 4 y 73, a través de la cual se reconocieron los derechos culturales del pueblo mexicano, su diversidad cultural y libertad creativa y se mandató —a través de un transitorio— expedir la ley en la materia en un lapso de seis meses, debieron transcurrir ocho largos años para que ello ocurriera.
Durante ese lapso, el dinamismo cultural incomprendido por el gobierno federal se fortaleció con la reforma constitucional que insertó en nuestro pacto social todo instrumento internacional emitido por la UNESCO y ratificados por el Estado mexicano, y en paralelo con diversas leyes estatales acordes con ese nuevo marco jurídico y, evidentemente, con la creación en 2016 de la Secretaría de Cultura federal.
La ausencia de un marco jurídico de responsabilidades para este ente público representó una oportunidad legislativa que provocó las cuatro iniciativas en el Senado, en tanto la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados organizó foros temáticos y designó un consejo redactor que elaboró un documento orientado para la creación de una Ley de Derechos Culturales que tomó en cuenta tanto las aportaciones recibidas en los encuentros regionales como las iniciativas presentadas en el Senado de la República.
Este grupo plural y diverso —del cual formé parte—, reconoció la generosidad legislativa de la cámara al adoptar como iniciativa el documento presentado y, consciente del proceso de integración de iniciativas y de dictaminación, se propuso: defender el pleno reconocimiento de los derechos culturales y la inclusión de mecanismos claros para su ejercicio; una política de Estado en la materia; bases —claras— de coordinación entre la federación, estados, municipios y delegaciones de nuestra ciudad; considerar la creación de un sistema nacional de información en materia de cultura; reconocer la participación “corresponsable” de la sociedad en la planeación y evaluación de la política cultural, así como la participación del sector privado —apegada a las disposiciones del INAH e INBA—, y brindar certeza jurídica-administrativa a los trabajadores del sector cultura.
Todo ello quedó integrado en la ley aprobada este 28 de abril, marco que consideramos básico para provocar otras leyes y normas que garanticen esa nivelación y conciliación que el poeta valenciano Joan Arolas concedía a la civilización y la cultura.
