Expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indican que autoridades federales y locales de procuración de justicia han cometido graves deficiencias y omisiones en las investigaciones de periodistas asesinados.
Señalan que entre las irregularidades está el retraso en la realización de las diligencias, omisiones en la elaboración de retratos hablados de presuntos responsables, apertura tardía de la carpeta de investigaciones.
Además, no se investigan los números telefónicos “claves”, no existe recuperación de videos de vigilancia operados por la policía e incluso negativa de la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), para atraer los casos. Existen expedientes donde la Fiscalía ha cuestionado la labor del periodista asesinado.
Existen 12 expedientes más en poder de la Comisión por agresiones físicas en contra de periodistas y fotógrafos al momento de cubrir actividades, y cuyo materia fue destruido. En todos los casos, las agresiones fueron cometidas por elementos de la Policía Federal, PGR, elementos de corporaciones municipales y la Secretaría de Marina, con el argumento de “salvaguardar el orden y la seguridad de las personas”, en ninguno se ejerció acción penal. Los elementos de seguridad robaron equipo fotográfico y video.
Desde 2000 a la fecha, la CNDH señaló que son 126 los asesinatos contra periodistas, 20 desapariciones, desde 2005; y 51 atentados contra medios, de 2006 a la fecha.
El 29 de mayo de 2014, el periodista Jorge Torres Palacios fue asesinado y encontrado sin vida el 2 de junio en Acapulco, Guerrero. La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero remitió el caso a la PGR por incompetencia, pero el Ministerio Público Federal inició la indagatoria casi cinco meses después.
[gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=TGD8IlVvBf8″]
En el caso del periodista Moisés Sánchez, desaparecido el 2 de enero de 2015, fue levantado por un grupo armado, el cual entró a su domicilio y se llevaron junto con él archivos de su trabajo periodístico. Su cuerpo sin vida apareció días después de los hechos. Sánchez era director del semanario La Unión, editado en Veracruz.
Autoridades locales y estatales conocían las amenazas en contra de Sánchez, pero se sumaron omisiones como falta de diligencias oportunas para la localización de la víctima, falta en la petición de videos de vigilancia, cateos de domicilios y de identificación de números telefónicos, que hubieran resultado claves para la localización y castigo de los responsables. La Feadle negó a la CNDH para atraer el caso, con el argumento de que no contaba con los elementos para ello.
[gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=AJYDl_W8u4o” ]
Corresponsales piden frenar impunidad
En una carta firmada por 186 periodistas de 69 medios extranjeros condenaron el asesinato de Javier Valdez y exigieron al Gobierno un compromiso real para frenar la impunidad y proteger a los periodistas en el país.
“Estamos conmocionados por este nuevo crimen, que forma parte de la reciente escalada a nuestros colegas periodistas mexicanos, cuya valentía admiramos profundamente”.
Los corresponsales de medios extranjeros indicaron que un “efectivo acceso a la Justicia es fundamental para frenar las agresiones y garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad”.
Además, señalaron que “un compromiso real y decidido contra la impunidad y por la protección de los periodistas es indispensable para convertir el asesinato de Javier Valdez en un parteaguas que ponga fin a las agresiones contra la prensa”.
Después de asesinato de Javier Valdez, el lunes pasado en Culiacán, Sinaloa, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a proteger a la prensa, poner fin a la impunidad y asignar más recursos al mecanismo de protección a periodistas.
