Estrategias belicistas de la Casa Blanca
Raúl Jiménez Vázquez
La noticia sobre la Conferencia de Seguridad Centroamericana, la cumbre militar que tuvo lugar hace unos días en Cozumel bajo la conducción de los jefes de los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos, ha pasado totalmente inadvertida. Ello no obstante que según notas de prensa, entre otros acuerdos, las fuerzas armadas de México y Guatemala impulsarán un proyecto de fuerza de tarea que tendrá a su cargo la vigilancia de la frontera común. Contando con el apoyo del Comando Sur, llevarán a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento, además del intercambio de información e inteligencia, estandarización de protocolos y procedimientos.
La presencia de los máximos generales estadounidenses denotó claramente que la piedra angular del encuentro fue la seguridad regional, concepto geopolítico emanado de la política antiterrorista del Homeland Security cuya expresión material más significativa es la ampliación del perímetro de seguridad del vecino país del norte más allá de la frontera del río Bravo.
El imperativo de la seguridad regional se proyectó en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, el famoso ASPAN o TLCAN plus que fue suscrito en 2005 en la ciudad de Waco, Texas. Más tarde se fortaleció con la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, merced a la cual se legitimó la presencia e intervención directa en cuestiones reservadas a los mexicanos a integrantes de múltiples agencias de seguridad, órganos militares y cuerpos de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Un espeso velo ha impedido el escrutinio ciudadano de este silente proceso geopolítico de alineamiento a las políticas y estrategias belicistas de los halcones de la Casa Blanca.
Sin embargo, la secrecía fue rota con la conferencia de Cozumel. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina hicieron público su papel de copatrocinadoras de la cumbre miliciana, sus personeros participaron en las mesas de trabajo e hicieron suyos los acuerdos expuestos por un militar guatemalteco en una reunión de medios en la que extrañamente no figuraron los jerarcas del Pentágono ni los voceros de nuestras fuerzas armadas.
Así pues, las estructuras castrenses ahí representadas realizarán las acciones necesarias para la preservación de la seguridad regional, incluyendo el control de los flujos migratorios. Ello lógicamente excluye el escenario de que los efectivos militares estén recluidos en sus cuarteles y guarniciones, es decir, en aras de ese objetivo supranacional deben permanecer en las calles y en estado de alerta permanente.
A la luz de lo anterior, cabe preguntarse si el empecinamiento en sacar adelante, al costo que sea, la ley de seguridad interior tiene que ver con estos acuerdos, los cuales sin duda son por completo ajenos a los intereses nacionales y al texto puntual de la carta magna que nos legaron los constituyentes de Querétaro.
Esta es una crucial incógnita política cuyo despejamiento debe ser una prioridad de las organizaciones de la sociedad civil.
