Madrazo Lajous: no debe pasar; es necesaria: Ibarrola

Armando Reyes Vigueras

Una nota aparecida en distintos medios contaba una historia que empieza a ser común en nuestro país. En ella se narraba como soldados del ejército mexicano detenían a 100 policías municipales en Zihuatanejo, Guerrero, 45 de los cuales eran infiltrados del crimen organizado. Dicha información cobra relevancia a la luz de los problemas de inseguridad que vive el país. Tan sólo en la última semana se daban a conocer casos de cobro de piso en la Ciudad de México, así como el asesinato de la activista de derechos humanos Miriam Rodríguez, en Tamaulipas, además de la muerte del periodista sinaloense Javier Valdez quien reportaba temas relacionados al narcotráfico.

En este contexto, en el que la polémica por los sucesos de la localidad poblana de Palmarito, Puebla, no cesa, llama la atención que las distintas iniciativas presentadas en el Poder Legislativo sobre seguridad interior no hayan pasado de la discusión en comisiones, pese a la solicitud de parte de las fuerzas armadas para que sean llevadas al pleno para su análisis y eventual aprobación.

Siempre! entrevistó a Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y a Juan Ibarrola, analista de temas militares, quienes nos dan las dos posturas sobre la Ley de Seguridad Interior. Dicha iniciativa cuenta con defensores y opositores, en un debate que, pese a las diferencias, se coincide en un punto: se necesitan policías que garanticen la seguridad pública.

Es inconstitucional: Madrazo

“Pedir que se apruebe la Ley de Seguridad Interior después de los videos de Palma#SeguridadSinGuerrarito, es como si Peña hubiera propuesto regular el embute y el cochupo después de que se supo de su casa blanca”, afirmó en entrevista el promotor de la iniciativa #SeguridadSinGuerra, la cual busca que la seguridad pública esté a cargo de instituciones civiles y no militares.

Madrazo Lajous puntualiza las razones para oponerse a que prospere dicha iniciativa, en particular en el actual contexto, al hablar de la necesidad de que “se piense bien una reforma seria en materia de seguridad pública. La ley de Seguridad Interior es inconstitucional, así que no debe pensarse, no se debe aprobar, sino más bien una revisión profunda de todo el sistema nacional de seguridad y de policía”.

Entre las razones que expone para oponerse a esta iniciativa, destaca la necesidad de calendarizar la salida de militares de tareas de seguridad pública en un lapso realista y ajustado a las necesidades de cada localidad, junto a una “especie de ley transitoria para la aplicación de la reforma constitucional de la reforma de 2008 al artículo 21 que prohíbe a los militares realizar labores de seguridad pública. Simultáneamente, se debe aprobar una reforma profunda al sistema de policías de este país de forma que éstas se vayan construyendo con los derechos labores, la estabilidad en el empleo, la capacitación que son necesarias en esta tarea, porque durante años hemos gastado dinero en policías, pero lo gastamos en hacer pruebas de polígrafos y los tratamos como delincuentes”.

 

Primero, respetar a las policías

En este sentido, pidió que si queremos policías respetables, “debemos empezar por respetarlas, pagarles lo que merecen, entrenarlas como se debe y darles la seguridad en el empleo que cualquier trabajador tiene derecho en este país. Es un proceso largo y lento, pero es el único que nos va a permitir salir del atolladero”.

También ayudaría, añadió, que se tuviera una liberalización de la marihuana para desahogar los recursos públicos que se emplean en perseguir a los consumidores, además de tomar muy en serio la crisis en derechos humanos que se vive en el país.

“Los argumentos que presentan con base en la ejecución extrajudicial como en los errores de procedimiento, me parecen de un cinismo que muestra que están dispuestos a decir lo que sea, los videos registran la muerte de tres personas en forma innecesaria”, señaló el investigador del CIDE, además de mencionar que es evidente que los militares no están entrenados para realizar labores de patrullaje y vigilancia en seguridad pública.

Chantaje político, la muerte del soldado

Lo de Palmarito “es un retrato perfecto de lo que está sucediendo con la militarización del combate a las drogas, tienes la muerte innecesaria de un soldado, de un delincuente y de un transeúnte que iba pasando por ahí. Eso refleja los grupos afectados directamente por la militarización de la guerra contra las drogas, además de toda la sociedad que estamos viviendo la espiral de violencia que se ha desatado desde el gobierno de Felipe Calderón”, agregó.

Madrazo Lajous recordó que se han presentado errores que justifican por qué no se debe usar el Ejército en materia de seguridad pública, además de recriminar a quienes utilizan argumentos de carácter emotivo para apoyar dicha presencia, “nos da coraje y tristeza a todos por la muerte de un soldado baleado por la espalda, pero es un chantaje para construir una agenda política con los sentimientos de las personas, a todos nos indigna la muerte del soldado, pero esta no se va a evitar con la Ley de Seguridad Interior, se va a evitar sacando a ese soldado que no está entrenado para labores de seguridad pública”.

Por lo anterior, pidió que existan policías entrenados para ese tipo de trabajos, además de denunciar que se está lucrando con la muerte del militar en Puebla por parte de políticos, con el fin de impulsar una agenda particular, en el marco del hecho de que perdieron el debate conceptual sobre el tema.

Juan Ibarrola

El país ya está militarizado: Ibarrola

Para el analista de temas castrenses Juan Ibarrola, no hay duda: los hechos recientes hacen más que necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, en momentos en que las propias Fuerzas Armadas exigen contar con un marco jurídico que respalde sus acciones en las calles.

Entrevistado por Siempre, Ibarrola comentó que el tema del robo de combustible se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional, “la seguridad nacional contempla amenazas, no problemas, los problemas se dan cuando la seguridad pública se ve rebasada para convertirse en un tema de seguridad interior, de tal suerte que si ese problema se deja crecer se convierte en una amenaza. Por lo tanto, debemos tener una Ley de Seguridad Interior por varias razones, la primera es porque somos el único país del mundo que no la tiene, cuando la realidad de nuestro país la hace necesaria; los hechos han demostrado su necesidad, por ejemplo, que poblaciones completas vivan de actividades ilícitas, como sucede en el llamado triangulo dorado, lo que rebasa el ámbito de la seguridad interior”.

Para el columnista, también es conveniente recordar que la seguridad interior protege el buen funcionamiento de las instituciones, sean locales o federales, “en este caso no hemos visto a ningún alcalde, o al gobernador Gali de Puebla, alzar la voz con una solución, esto indica que se está comenzando a rebasar la gobernabilidad en esos lugares”.

 Otro factor que comentó nuestro entrevistado, es el relativo a la base social que han construido los grupo criminales. “Eso nos remonta a Juan García Abrego, Juan Nepomuceno Guerra, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, quienes protegían a su gente, a sus pueblos, les daban escuelas, vías de comunicación, hospitales, pero sobre les daban un trabajo, ilegal, pero trabajo al fin. Es lo que está sucediendo en algunas regiones, la gente vive ya de actividades ilícitas, gente de bien, esto es un problema terrible de seguridad interior que amenaza la seguridad nacional”.

Sobre las críticas que se han hecho acerca de la militarización de la seguridad pública, Ibarrola respondió que esas personas “no han entendido que no hay una iniciativa de Estado presentado al pleno, sino algunas de partidos, ahí han fallado los diputados, además de que las propuestas presentadas no contemplan empoderar a los militares, de lo que se trata —y es lo que piden los militares en México— es sanción para que lo de Palmarito no suceda y que haya una certeza jurídica en su actuar”.

Asimismo, precisó que el término militarizar se ha confundido, “la militarización no debe entenderse en México como algo perjudicial, pues este país está militarizado pero eso no implica algo negativo ya que si no hubiera militares en este país combatiendo delincuentes qué pasaría, si no estuvieran para apagar incendios forestales no tendríamos áreas cultivables, para atender la cruzada contra el hambre o en las campañas de salud pública, y otro aspecto importante que es obligación, cuando hay desastres naturales ellos activan los planes de defensa y eso es militarización, pero eso no es hacer política que es el miedo de muchos”.

Hay frustración en las Fuerzas Armadas

Por lo anterior, pidió repensar la relación civil-militar con el fin de determinar las responsabilidades castrenses o de los gobernantes, “es a los militares a quienes se les deja la responsabilidad en seguridad pública, en tanto que los gobernadores no la tienen, por eso insisto en una nueva relación civil-militar”, que incluya una nueva policía.

Ibarrola comentó que el problema está en las calles, con gobernantes que no aceptan su responsabilidad, “por eso no ha va a haber Ley de Seguridad Interior, eso te lo firmo, ningún gobernador va a querer aceptar una mayor a la que ya tiene, insisto, el problema radica en la criminalidad, en la violencia que se vive”.

Finalmente, explicó que en las Fuerzas Armadas se vive mucha frustración por el hecho de que “los políticos abusaron de su posición y de la esperanza que le pueden dar a las personas para generar una certidumbre jurídica, hay enojo por lo hecho por la clase política, además del cansancio porque todo el problema se lo quedan los militares”.

Robo de combustible, el más reciente desafío

En un documento de la dirección jurídica de Pemex, se reconoce que a lo largo de los más de 14 mil kilómetros de ductos que existen en México, “el robo de combustible ha aumentado considerablemente”, y que entre 2006 y 2010 el monto de lo hurtado ascendió a más de 21 mil millones de pesos.

Además de reconocer las iniciativas que se han aprobado en el ámbito legislativo, el texto elaborado por David Garay Maldonado también contempla medidas institucionales para abatir dicho ilícito, como la puesta en marcha del sistema de supervisión, control y adquisición de datos que permite automatizar las válvulas de seccionamiento, detectar las bajas de presión ocasionadas por fugas y tomas clandestinas. No obstante, el robo de hidrocarburos se ha incrementado en fechas recientes.

“Si hubiera una procuración de justicia independiente y profesional desde hace mucho se habría encontrado a quienes son responsables del robo, sobre todo a los técnicos que lo posibilitan”, apuntó Madrazo Lajous, además de indicar que “lo que seguro no va a servir es aumentar las penas, lo que hemos hecho en este país en los últimos años cada vez que hay un delito que nos agrava es aumentar las penas, ese punitivismo o populismo punitivo no ha mejorado la seguridad, necesitamos una reforma profunda a las policías y la procuración de justicia; subir las penas no sirve de nada”.

El académico concluyó: “hay que investigar y entender mejor los temas, en particular las consecuencias de la militarización y del gasolinazo, porque no creo que esté desligado de este aumento”.

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