Elecciones en Edomex
Miguel Barbosa Huerta
Después de diez años de fallida guerra contra el narcotráfico, amenazas del crimen organizado como las que aparecieron contra AMLO en el municipio de Acolman, Estado de México, podrían convertirse en intimidaciones frecuentes hacia las elecciones de 2018. Este tipo de amenazas tienen un doble propósito: por una parte, enviar un mensaje al líder de Morena para que se abstenga de acabar con el ambiente de impunidad que ha alimentado a los cárteles del narcotráfico y, por otra, promover un clima de inseguridad que podría desmovilizar a los votantes hacia el próximo 4 de junio en favor del statu quo priista.
El riesgo real del narcomensaje contra López Obrador es que el crimen organizado decida intervenir directamente en los comicios federales del próximo año como lo ha hecho a escala local. El prerrequisito por excelencia para determinar que un país es democrático es que la ciudadanía sea capaz de ejercer su voto con libertad. Las amenazas contra López Obrador van más allá del candidato. Estas debilitan nuestras instituciones y ponen en riesgo nuestra libertad política. Por esta razón, cualquier intimidación del narcotráfico requiere de una respuesta firme por parte del gobierno federal.
No es extraño que la amenaza contra AMLO haya ocurrido en el Estado de México, no solo por ser la entidad donde se celebraran las elecciones más importantes antes de los comicios presidenciales de 2018, sino por el grado de impunidad y delincuencia que existe en el estado. No es posible afirmar que exista una fuerza política atrás de la manta, la corona de flores y el auto en llamas que La familia unida dejó contra López Obrador; sin embargo, sí es posible afirmar que al amparo del PRI, tanto local como del gobierno federal, la delincuencia organizada ha encontrado un escenario de impunidad ideal para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Basta recordar las cifras publicadas por el INEGI en su “Encuesta sobre victimización y percepción del delito”: el Estado de México durante 2014 y 2015 ocupó el primer lugar en tasa de delitos en el ámbito nacional, y también durante estos dos años este estado presentó la mayor tasa de víctimas de delitos en toda la república. Por esta razón, no es extraño que para 2016 el 91 por ciento de los habitantes del Estado de México percibían que su estado no era seguro. El crecimiento de la delincuencia organizada y de la violencia ha sido el sello de la casa del PRI. La impunidad es producto de la renuncia del gobierno a hacer efectivo el Estado de derecho. Muchas veces, como mostró el caso de Javier Duarte, la renuncia es voluntaria y acompañada de una rampante corrupción.
Las últimas encuestas sobre las elecciones en el Estado de México han mostrado que la victoria del PRI es todo menos segura. El ascenso en las encuestas de Delfina Gómez, candidata de Morena, significa que en junio podrían terminar más de ocho décadas de gobiernos priistas. Ante la prospectiva de perder sus cotos de impunidad, la delincuencia organizada se está movilizando. Los gobiernos, tanto el federal como el del estado, tienen la obligación de impedir que estos grupos criminales enrarezcan todavía más unas elecciones que ya han sido ensombrecidas por la entrega de despensas y el clientelismo desde el gabinete mismo.
Una de las condiciones fundamentales que definen una verdadera democracia es que el voto, que es el mecanismo esencial de la democracia representativa, sea libre. Si Peña Nieto y Eruviel Ávila deciden no dar una respuesta contundente para frenar este tipo de amenazas pondrán en riesgo la democracia misma y la libertad política de los habitantes del Estado de México. Para garantizar unos comicios realmente libres no basta con condenar las amenazas, sino se debe investigar y actuar para que estos chantajes del crimen no se repitan.
El mayor riesgo de que el gobierno federal vacile en dar una respuesta adecuada a las intimidaciones del narcotráfico es que la mano de este se extienda a las elecciones presidenciales de 2018. Envalentonados, los cárteles podrían decidir actuar de manera más directa y así poner en riesgo nuestro ya debilitado sistema político. El fenómeno de cárteles con capacidad de intimidación tal que amenaza la estabilidad institucional de toda una nación no es ajeno a América Latina. De no actuar con firmeza ante estas amenazas, México podría caer en una situación parecida a la de Colombia en la década de 1980 cuando el narcotráfico puso en jaque al presidente de este país y a todo su gobierno.
Este ciclo de violencia culminó en la toma del Palacio de Justicia de Colombia y en el asesinato de magistrados de la Corte Suprema. Unas elecciones cuestionadas por la intervención del crimen organizado no favorecerán a nadie; al contrario, mermarán la poca legitimidad que resta a la democracia mexicana. Las intimidaciones de la delincuencia no son solo contra un candidato o un partido, son contra la libertad de todos los mexicanos y contra las instituciones que tanto tiempo nos ha costado construir.
@MBarbosaMX
Presidente del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República
