Informalidad y empleo precario
Julio A. Millán B.
La celebración del día del trabajo es un buen momento para reforzar los logros que en materia laboral se han conseguido a lo largo de la historia, como los beneficios alcanzados por los trabajadores y que son fruto de su esfuerzo, llámense vacaciones, fondo para el retiro o de vivienda, seguridad social entre otros; pero también es una excelente oportunidad para reflexionar respecto a la situación actual del mercado laboral. En ese sentido, la informalidad y la precariedad del trabajo son los temas de gran preocupación.
Las profundas crisis económicas y el bajo dinamismo de nuestra economía desde la recesión de mediados de los años noventa, entre otros factores, han generado avances en el empleo no estructurado que se han convertido en una pesada loza que frena el crecimiento económico del país.
Por informalidad laboral entendemos a trabajadores en negocios no registrados más aquellos con vínculos laborales no reconocidos, el autoempleo en agricultura de subsistencia, los trabajadores sin pago y el servicio doméstico no protegido. Mientras tanto, en las condiciones críticas de ocupación se encuentran aquellas personas que trabajan más de 48 horas a la semana ganando hasta dos salarios mínimos, además de aquellas que laboran 35 horas a la semana con ingresos inferiores a un salario mínimo.
Cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI señalan que al cierre de 2016 la población económicamente activa es de 54 millones de personas y 52.12 millones son la población ocupada; de ellos, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 57.4 por ciento, equivalente a 29.8 millones de personas. Por otra parte, la tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (INEGI) se ubicó en 13.1 por ciento; es decir 6.8 millones de trabajadores.
La elevada informalidad y el empleo precario revelan la frágil realidad del empleo en México y los ingresos de las familias; son la evidencia de las distorsiones que ha tenido el mercado laboral en el país. Le restan al trabajador la posibilidad de acceder a una pensión, a prestaciones como vacaciones, aguinaldo, servicios de salud, acceso al crédito, entre otros, un muro muy alto que nosotros mismos hemos construido en contra del bienestar económico.
A todo esto, hay que agregar el fenómeno de la migración, la subocupación, el avance que han tenido ocupaciones relacionadas con actividades ilícitas como la piratería, el contrabando, la trata de personas, la explotación infantil, prácticas de discriminación y las pocas competencias y capacidades laborales.
Si bien es cierto que todo empleo formal o informal crea actividad económica y demanda agregada y que la ocupación en actividades informales ha representado una alternativa real ante la debilidad económica, en el largo plazo hay un daño severo a la economía, vía menor consumo y menores ingresos públicos. El empleo no estructurado daña las finanzas públicas, hay menor recaudación por parte del gobierno, se debilitan los fondos públicos de pensiones y de acceso a la vivienda, el sistema financiero se ve mermado ya que inversionistas institucionales como las afores tienen menores recursos para hacerlos trabajar, y también por el lado del acceso al crédito, los préstamos vía nómina o de financiamiento al consumo son menores; además, los recursos para el sistema de salud público se ven reducidos.
Hoy que el mundo vive tendencias proteccionistas, México se ve obligado a fortalecer el mercado interno para reducir su dependencia del exterior y cuidar las finanzas públicas y robustecer el sistema financiero. Por ello, es urgente empezar ya a revertir la situación.
Si bien nuestro país logró instrumentar una reforma laboral que busca elevar la productividad laboral, los resultados han sido aún cortos; se requieren acciones enfocadas a mejorar las capacidades laborales y aumentar la generación y formalización del trabajo más allá de medidas de fiscalización.
No hay soluciones inmediatas para generar empleos de calidad y bien remunerados; es necesario establecer y ejecutar una política industrial flexible, dinámica y de largo plazo, así como realizar un conjunto de acciones que involucren todos los sectores, medidas que van desde procurar el crecimiento sostenido de largo plazo, hasta la modernización y competitividad de la industria, el campo y los servicios, entre otros.
A la parte gubernamental le toca no sólo fomentar la formalidad, también contar con políticas públicas alineadas a las demandas del mercado a lo largo de diferentes cadenas productivas, trabajar en generar las condiciones para atraer inversión, vincular a la pymes en las cadenas de valor, modernizar el TLCAN a fin de explotar la ventajas competitivas y comparativas de México, fortalecer el campo, detonar sectores clave como el turismo, la manufactura, el energético, potencializar al máximo las reformas estructurales e impulsar adecuadamente las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para reducir la pobreza y las desigualdades.
A empleadores y trabajadores les toca elevar la productividad, salir de la zona de confort, tener mayores competencias y capacidades laborales, diversificar mercados, apoyar el emprendimiento, tener mayor gasto en desarrollo tecnológico, realizar capacitación laboral, innovar en sus formas de comercialización y prepararse ante los cambios.
Derribar el muro de la informalidad y el empleo precario no es tarea fácil y demanda un esfuerzo coordinado, pero tenemos una nueva oportunidad de cambiar los vientos a nuestro favor. Es tarea de todos fortalecer el sector productivo, el talento humano y su vinculación productiva para robustecer el mercado interno mexicano y el bienestar de las familias; el empleo suficiente, formal y bien remunerado es el fundamento del desarrollo económico y de bienestar social del país.
