Tal parece que el robo de hidrocarburos se encuentra sin control alguno por parte de las autoridades, así lo demuestra la información de Petróleos Mexicanos (Pemex) que indica que los grupos delictivos realizaron 28 perforaciones diario en promedio entre el 1 de enero y el 28 de febrero a lo largo de la red de ductos, nueve más de las que ejecutaron en promedio por día en 2016, cuando este delito alcanzó niveles históricos, con 6 mil 873 tomas clandestinas.
De continuar esta tendencia, el número de tomas clandestinas puede superar las 9 mil en 2017, un número nunca antes registrado en México.
Hay que decir que tan sólo en los primeros dos meses de este año, los grupos delictivos realizaron mil 646 tomas clandestinas, una cuarta parte de todo lo que perforó en la infraestructura de ductos de Pemex en 2016.
De acuerdo a la información publicada en El Universal este “delito no sólo supone el robo de hidrocarburos sino el daño que provocan en la red de ductos de la petrolera, toda vez que el número de tubos dañados por este ilícito aumentó de 57 en 2008 a 100 en 2015, cifra que se redujo a 92 en 2016, pero que a febrero de este año suman 51”.
El problema alcanza niveles alarmantes porque en 23 entidades los grupos del crimen organizado roba combustible, desde gasolina, diésel, gas, petróleo crudo e hidrocarburos en general.
La fuentes consultadas por el diario aseguraron que “los municipios dominados por los huachicoleros están identificados por las autoridades federales, estatales y municipales, y si antes se movían de un lado a otro, de acuerdo con las acciones que tomaba el gobierno federal, hoy permanecen en ellos en una actitud abierta de reto”.
Además, señalaron que Pemex había advertido del incremento de actividades delictivas contra sus instalaciones.
Endurecimiento de sanciones
Por otra parte, hay que señalar que la Cámara de Diputados aprobó, el 28 de abril, el dictamen que modifica la Ley Federal para prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de incrementar con penas de hasta 30 años de cárcel y multas de 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien robe hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos de Pemex.
En el documento enviado al Senado para sus efectos constitucionales se detalla que la intención del dictamen es inhibir el robo de combustible, a través del incremento de penas.
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