BLANCA ALCALÁ RUIZ*

Un elemento que caracteriza a las sociedades democráticas contemporáneas es la cada vez mayor participación de los parlamentos en los asuntos de interés global, tanto por sus repercusiones a nivel nacional como en el plano internacional. La tarea de los parlamentos hoy, además de atender las cuestiones nacionales, tiene un papel cada vez más dinámico en asuntos de la agenda global que involucra a cada país en el concierto internacional.

Desde la perspectiva constitucional el titular del Ejecutivo es el responsable de dirigir la política exterior de la Nación y de la celebración de tratados internacionales, pero existe una incidencia creciente de los legisladores en esta materia: el Senado de la República participa en la aprobación de los instrumentos internacionales, en la evaluación de la política exterior, en la denuncia de los tratados, en la elaboración de declaraciones interpretativas o el establecimiento de reservas a los instrumentos mundiales.

Esta circunstancia, favorecida desde la reforma constitucional de febrero de 2007, ha implicado una mayor preparación e involucramiento de los legisladores. La diplomacia parlamentaria es la práctica de relaciones que establece el Congreso de la Unión y, en el resto de los países, cualquier parlamento o asamblea, en actividades institucionales e informales con parlamentos, autoridades extranjeras y organismos internacionales.

Es de señalarse que los términos de la política exterior del país no explican ni hacen derivar necesariamente de ella el ejercicio de la diplomacia parlamentaria. Más bien, se desarrolla de manera paralela, a veces, en concordancia con los propósitos de la política del Ejecutivo y, en otros casos, con propuestas para la resolución de problemas domésticos o, incluso, globales.

Al igual que el Ejecutivo, en las tareas de diplomacia parlamentaria, el Congreso de la Unión observa los principios de la política exterior del Estado mexicano, entre ellos, la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, dichos principios, a pesar de tener un alto sentido de universalidad respecto de los asuntos de orden global, no agotan los temas de la política exterior ni de la diplomacia parlamentaria, la cual, a nivel mundial, desde el ámbito de los poderes legislativos, busca mayor incidencia en la agenda global, en el entendido de que los problemas que afectan al orbe no son únicamente competencia de los poderes ejecutivos y los organismos multinacionales, sino una responsabilidad que interesa y ocupa en los contextos democráticos, a los representantes de la ciudadanía.

La relación de los parlamentos con los organismos bilaterales o multilaterales, constituye un aspecto esencial en el éxito de las políticas que regulan mecanismos y procedimientos de interacción entre las naciones para la solución de muchos de sus problemas internos, como son la pobreza, el hambre o la insalubridad. De hecho, el cumplimiento global de los Objetivos del Desarrollo Sustentable no puede realizarse sin la participación y compromiso de los parlamentos del mundo.

Asimismo, los asuntos relacionados con la seguridad regional, el respeto de los derechos humanos, la liberalización de mercados y la disminución de tasas arancelarias son temas cuyas decisiones ya no están sólo en el ámbito de los poderes ejecutivos, sino involucran las atribuciones y consenso de los congresos, porque su opinión es el espacio en el cual converge la pluralidad política de cada una de las naciones. Por ello, la diplomacia parlamentaria es un elemento consustancial que contribuye a la preservación de un orden internacional respetuoso de las naciones.

*PRESIDENTA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO

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