Presenta Gobernación “atlas de riesgo”
José Luis Camacho Acevedo
Recordar las formas utilizadas para silenciar las voces de Miroslava Breach, quien era corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua y colaboraba en el medio Norte Digital Ciudad Juárez o la del legendario cofundador de la revista RioDoce, Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa son improntas verdaderamente preocupantes de la creciente inseguridad que tienen los periodistas mexicanos para ejercer su oficio.
Ya nuestra directora Beatriz Pagés señaló apenas la semana pasada esta circunstancia que conculca e intimida no solamente la libertad de expresión en su modalidad de denuncia o del género de periodismo de investigación, sino que afecta la participación de los medios en procesos fundamentales de nuestra vida como nación, tales como la lucha por la instauración de una verdadera democracia, o como la del combate frontal al fenómeno de la corrupción, que reduce sensiblemente el gasto público en los programas más demandados por la sociedad.
Organizaciones de medios de comunicación en México, apoyados por medios extranjeros, emitieron a media semana un YA BASTA contra la inseguridad que se vive a la hora de ejercer el oficio de informar, denunciar o criticar.
En sus párrafos medulares dice el desplegado de referencia:
“Dado el contexto de violencia sistemática a periodistas, los medios y organizaciones convocantes invitamos a toda persona interesada a participar en la construcción de una agenda con objetivos de corto y mediano plazos para proteger a periodistas. Proponemos organizar la discusión en torno a seis mesas. El propósito de cada una de ellas es que sirvan para compartir experiencias y definir qué es necesario hacer, quién debe hacerlo y cómo vamos a organizarnos para exigir que lo haga”.
Mientras, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, presentó ante los secretarios de Gobierno de todas las entidades federativas un “atlas de riesgo” para el ejercicio de la tarea periodística. Campa siempre ha sido un funcionario dedicado, sensible y creativo.
Los alcances del atlas de riesgo para el ejercicio periodístico que presentó no se agotan en el señalamiento de lugares críticos para el trabajo de los comunicadores.
Deja abierta la puerta para que las autoridades estatales y municipales propongan la implementación de acciones de protección a los medios más eficaces y de un sistema de comunicación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para estar retroalimentando la mencionada propuesta.
Campa dijo entre otras importantes consideraciones: “Al destacar también la labor de los defensores de las garantías individuales, el funcionario federal y los estatales acordaron elaborar un atlas de riego y analizar el fortalecimiento de las medidas de protección a estos gremios”.
Al terminar la reunión, Campa Cifrián indicó que se comprometieron a que antes de concluir junio estarán operando todas las fiscalías estatales para la atención de delitos contra la libertad de expresión y las unidades de protección, según consignó La Jornada.
Hasta ahora esas propuestas no han sido suficientes para frenar la violencia contra los medios y los comunicadores.
Denunciar la innegable corrupción en ciertos sectores del gobierno puede prohijar un mayor acercamiento, connivencia sería el término más preciso, entre autoridades y el crimen organizado.
Fatal impronta mexicana: los sicarios a la orden del poder político que se molesta en cuanto le señalan sus faltas, sus excesos y sus vínculos condenables con las asociaciones criminales más violentas y sanguinarias.
