Sedena
Armando Reyes Vigueras
Para la Secretaría de la Defensa Nacional, no hay duda: si alguno de sus elementos cometió una falta debe ser juzgado conforme a la ley, pero también se deben considerar todos los elementos que considere la investigación y no lanzar juicios apresurados, esto con relación a los sucesos que tuvieron lugar en la comunidad de Palmarito en el estado de Puebla.
La difusión de un video en el que se aprecia una acción que es interpretada como un disparo a quemarropa hacia un civil herido tirado en el piso de parte de un soldado, ha despertado una nueva polémica en la que la institución castrense es calificada como violadora de los derechos humanos.
No obstante, la versión del ejército no se ha recuperado para contar esta historia. De acuerdo a fuentes militares consultadas por Siempre, hay varios elementos que se han dejado fuera de los comentarios que se han hecho en columnas periodísticas, además de no considerar que la Sedena ha dejado en manos civiles la investigación de lo acontecido en dicha población.
Las fuentes consultadas no ocultan la molestia con el diario Cambio de Puebla, en especial con el columnista Arturo Rueda, quien se ha encargado de afirmar que el ejército oculta información, además de señalarlo como transgresor de los derechos humanos.
A condición no mencionar su nombre, nuestro interlocutor confió algunos puntos que levantan suspicacia del lado militar, como el hecho de que los soldados están –de acuerdo a las imágenes ofrecidas en los videos– repeliendo en todo momento las agresiones que sufren en el poblado –pudiendo apreciar la muerte de uno de ellos por la espalda–, además de que se obvian las investigaciones del caso –necropsias si fueran necesarias– para adelantar conclusiones y sentencias en contra de las fuerzas armadas.
Adicionalmente, muestra extrañeza por la manera en que se quiera culpar a toda la institución por la actuación de un solo elemento –aunque sea cierta la falta que cometió–, pese a que no se concluye la investigación.
Otro punto que llama la atención, es que los videos dados a conocer en redes sociales y espacios informativos provienen de cámaras de seguridad, numeradas como 2 y 4, de las cuales se desconoce quienes las mandaron colocar y que fin tenían, además de que no se ha difundido el material de las cámaras 1 y 3, mismo que podría ayudar a despejar las dudas acerca de lo acontecido, en un sitio en donde no hay cámaras de seguridad pública, lo que genera dudas acerca de la razón de la colocación de tales instrumentos y si tienen relación con la decisión de emboscar ahí al convoy militar.
En las imágenes que se han presentado, se puede apreciar la manera en que los uniformados son atacados en las calles de Palmarito, como llega una camioneta BMW con blindaje y como de ahí son bajados varios sujetos tras un enfrentamiento con los soldados. Nuestra fuente recordó que culpar a todo el ejército, sin considerar que fueron entregados 13 detenidos –algunos de ellos menores de edad–, no corresponde con la imagen que se quiere presentar de las fuerzas armadas como de unidades letales que no respetan los derechos humanos.
“La evidencia clara de que no se trata de una acción maliciosa del ejército como institución, para matar a todos los detenidos, es el número de personas que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. En todo caso, se puede hablar de una acción aislada que no refleja lo hecho por la institución”, comentó, además de recordar que no se ha buscado la versión de los militares involucrados, antes bien se ha lanzado una conclusión que los culpa de una ejecución sumaria sin otorgarles el derecho a una defensa.
En la misma línea, también muestra extrañeza porque no se menciona que el personal de las unidades que se vieron involucradas en los hechos en la localidad poblana, han declarado ante autoridades civiles quienes son las encargadas de realizar las pesquisas necesarias. “Quieren que demos información, pero no es posible desde el punto de vista jurídico, ya que las investigaciones no concluyen”, compartieron a esta revista.
La indignación de parte de personal militar con la manera en que se ha manejado el caso en algunos medios, hace que también sean cuidadosos en sus comentarios, pues saben que no se deben adelantar vísperas y esperar a que se concluyan los peritajes para determinar responsabilidades además de recordar que la instrucción del titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, es que se actúe conforme a la ley y de acuerdo a dicha indicación no se pueden adelantar conclusiones, como se ha venido haciendo en algunos periódicos.
“No queremos entrar en el juego de quienes difundieron el video pretendiendo generar una percepción equivocada”, señaló nuestra fuente, además de precisar que lo visto en redes sociales es el segundo enfrentamiento entre militares y presuntos miembros huachicoleros.
Base social del crimen organizado
Tras los recientes sucesos en Puebla, luego del enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos huachicoleros, el saldo es favorable para los integrantes del crimen organizado pues las autoridades locales no se han responsabilizado para contribuir a la reducción de las tomas clandestinas de combustible, a la vez que pobladores de los municipios afectados se han sumado a las protestas en contra de las fuerzas armadas, aunado a la crítica que viene de los medios de comunicación, pero pocos espacios se han brindado para que los militares den su versión o defiendan a sus elementos.
Así, de nueva cuenta el ejército se ubica en el centro del huracán. La falta de contexto para comprender en su totalidad lo que sucede en este tema, ha provocado que la opinión pública reciba sólo una parte de la información.
Las perdidas económicas por el robo de gasolina en los ductos de Pemex, como podrá leer en la presente edición de Siempre, alcanzan cifras preocupantes, pero acerca de lo cual han empezado a surgir defensores de quienes realizan esta actividad, evitando llamarlos delincuentes a pesar de que se trata de algo ilegal.
De igual manera, se da a conocer material que pone en entredicho a la institución castrense en el tema de respeto a los derechos humanos, aunque no se aclara si los integrantes de los grupos delictivos también caen en estos abusos.
A lo anterior se suma un respaldo popular para los huachicoleros –de manera similar a lo que ocurre en otras regiones con narcotraficantes, como ha sucedido en Tamaulipas o Michoacán–, que hace difícil la procuración de justicia. Si a esto suma la complicidad o ineficiencia de las autoridades locales, se empezará a comprender el complejo contexto en el que tienen que actuar las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, ámbito que de inicio no les corresponde.
Si el ejército es utilizado para tareas en contra del crimen organizado, es porque no se cuenta con policías que atiendan esta responsabilidad, además de que la delincuencia aprovecha la situación de pobreza de muchas comunidades para construir una base social que los respalde y proteja de la acción de la justicia.
Así se ha visto en otras entidades, en donde lo mismo organiza festivales del día del niño, del día de las madres, regala despensas o juguetes, además de convencer a campesinos que ganarán más si siembran marihuana o amapola que los cultivos tradicionales.
Otro factor que se aprovecha para contar con aliados entre los pobladores de las comunidades en las que operan, es el descrédito de la clase política, por lo que un argumento utilizado es que no se trata de un robo, como es el caso de los combustibles extraídos de los ductos de Pemex, sino de una retribución por todo lo que los políticos están robando de la paraestatal. Las autoridades son vistas como parte de la corrupción, lo que ayuda a que los delitos dejen de serlo.
Adicionalmente, los organismos defensores de derechos humanos se encuentran permanentemente vigilando la actuación de las fuerzas armadas en sus operativos, dando amplia difusión cuando alguno de los elementos comete algún abuso, pero sin decir algo en caso de los integrantes del crimen organizado, sobre todo si se dedican a la extorsión o el secuestro.
Evidentemente, no se puede exculpar a ningún miembro del ejército, Marina o policías si violan los derechos humanos de cualquier ciudadano, pero tampoco se puede hacer excepciones tratándose de un presunto delincuente.
Esto también regresa a la mesa de debate la negativa de los legisladores para aprobar la ley de seguridad interior, pues de acuerdo a fuentes de Sedena este ordenamiento es necesario para darles un respaldo a sus tareas en seguridad pública.
Como se sabe, la Cámara de Diputados ha retrasado la discusión y, en su caso, la aprobación de este marco legal que ayudaría a los militares a desempeñar una labor para la que, ellos mismos han reconocido, no han sido entrenados y que respaldaría su trabajo en este ámbito.
Lo sucedido en Puebla es un triste recordatorio de cómo se han pospuesto una serie de medidas tendientes a fortalecer las instituciones encargadas de procurar la seguridad pública, problemática por la que se ha tenido que recurrir al ejército y a la marina para actividades que están fuera de su competencia, pero que realizan al ver que el Estado se ve enfrentado a una amenaza que se ha convertido en la principal en este campo.
De igual manera, fuentes militares consultadas recordaron que la dependencia no tiene la capacidad jurídica, a partir de las reformas judiciales de 2014, para realizar las investigaciones respecto al caso que se comenta en este espacio, pues la jurisdicción corresponde a la autoridad civil, por lo que también son equivocados los reclamos que exigen que la propia Sedena de a conocer sus pesquisas en este particular.
De igual manera, contrastan el apoyo que en algunas poblaciones se da a los integrantes de grupos delictivos con el reconocimiento que han recibido en otras localidades. Nuestro interlocutor recordó como en Nuevo León no sólo han recibido muestras públicas de agradecimiento, sino que les han regalado agua embotellada en la calle acompañada de algún recado en el que manifiestan su gratitud por su labor en seguridad pública.
“Quisiéramos sacar la casta y decir lo que nos toca, pero no nos corresponde en cuanto no se terminen las investigaciones”, recordó nuestra fuente.
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Boletin de la Sedena sobre el video difundido en el caso Palmarito.
