Después de ver el video publicado en YouTube con el título Lo que verdaderamente pasó en Palmarito y de escuchar en radio la versión del periodista que dio a conocer el material, es inevitable preguntarse al servicio de quién están ciertos medios, ¿de la legalidad o del crimen?
El periodista de marras muy nervioso y muy activo salió a repetir aquí, allá y a donde lo dejaran hablar que el Ejército Mexicano era quien había atacado a los huachicoleros —léase crimen organizado dedicado a robar combustible— y que los militares se habían excedido, para variar, en el uso de la fuerza.
Es más, al comunicador le interesaba, sobre todo, desmentir el boletín oficial de la Secretaría de la Defensa donde la institución denunció cómo los delincuentes utilizaron a niños y mujeres para impedir que los soldados les dispararan.
El autor del reporte periodístico confesó haber editado el video, obtenido por cierto de las cámaras instaladas en las calles por los huachicoleros, pero lo que evitó decir, a toda costa, es que las imágenes no muestran los diferentes eventos y la historia completa de lo que ocurrió ahí.
Lo que interesó únicamente al reportero fue que se difundiera en todas partes una imagen donde se ve a un soldado disparar en la nuca a un civil que había participado, desde una camioneta, en el ataque a un convoy militar, para desacreditar al Ejército.
¿Y a quién o a quiénes conviene posicionar la imagen de un ejército represor, ilegal y violador? Solamente —y fundamentalmente— a la delincuencia organizada.
Muchos nos preguntamos si trabajos periodísticos de ese tipo serían aplaudidos en países donde se persigue con todo rigor y como una obligación patriótica el terrorismo.
Para la legalidad del país no solo es nociva la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública federal, también tiene un efecto perverso que los medios de comunicación se pongan del lado de los criminales escudándose en la trillada y mal ejercida libertad de expresión.
Los hechos en Puebla han provocado un fuerte cambio en el escenario nacional porque dejan ver la verdadera radiografía del poder alcanzado por el crimen organizado y la red en la que están involucrados todos: cárteles del narcotráfico, alcaldes, tal vez gobernadores, ejecutivos y técnicos de Pemex, sociedad civil y, de manera directa o indirecta, medios de comunicación.
Todo esto muestra, a unos cuantos meses de que arranque el proceso presidencial 2018, un país sin control institucional. ¿Quién o cuál de toda la lista de presidenciables puede venir a poner orden?
El triunfo de Emmanuel Macron en las elecciones francesas ha encendido en México el chip de la imaginación política.
Cada partido ha comenzado a voltear para ver si en alguna parte encuentra al “Macron mexicano”.
La pregunta es simple, y no, por cierto, la respuesta: ¿cuál de todos los que se mencionan es el Macron que puede poner a salvo al país de la corrupción y la criminalidad?
