Dos días después de que propusiera una nueva constitución de corte enteramente chavista, el presidente venezolano Nicolás Maduro, se brincó la fase del referéndum o consulta popular y entregó directamente dos artículos de su nueva Carta magna al Consejo Nacional Electoral (CNE). En ellos se establece la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con amplio trasfondo popular integrado por consejo comunales con la mira puesta en “unir nuestras fuerzas para tener una fuerza determinante”.
La idea del mandatario, considerado como “hijo de Chávez”, es contar con una fuerza legislativa de 500 legisladores, leales al movimiento. Para ello, tiene que cambiar la constitución que ya una vez había modificado el propio Chávez en 1999 y la cual esperaba que fuera el pivote de la nación en los próximos cien años. Su vástago político ahora la cambiará en un intento por darle mayor fuerza chavista.
Más una dictadura que una democracia
Lo que para Maduro es una base política de un gobierno popular, para expertos como el politólogo Ángel Álvarez, “la constituyente que propone Maduro es corporativa, no democrática, es más cercana al parlamento fascista que a la democracia participativa”. “Muchas son las comparaciones surgidas estos días en un país golpeado por el giro inesperado de la revolución: el modelo cubano con votaciones de segundo grado, los soviets de la antigua URSS e incluso la Italia de Mussolinni”. Por supuesto que esta afirmación desató la ira del presidente en una de sus apariciones televisivas, quien además se encuentra en un 10.9 % de popularidad, el peor en toda la historia política de ese país sudamericano.
“¡Que viva el proceso popular constituyente! Le entrego el poder a ustedes para que el pueblo decida cuál es el destino de la patria. El pueblo debe decidir si quiere guerra o paz. Nosotros somos la Constitución y la legalidad, ellos son la violencia terrorista”, dijo Maduro y arremetió contra Julio Borges, presidente del Parlamento, de dirigir a los encapuchados que se enfrentan a la Policía.
La rebeldía de la fiscal general
La fiscal general del Estado, Luisa Ortega, cortó de plano con el régimen al desechar que los manifestantes sean calificados como terroristas. “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”, contestó Ortega en una entrevista realizada por The Wall Street Journal. Ortega también puntualizó en abierto desafío a las intenciones de Maduro de crear una nueva Carta Magna que “esta (la de Hugo Chávez) es inmejorable”.
Mientras tanto, la policía antimotines reprimió brutalmente una marcha encabezada por cerca de 80 diputados, en una acción que será conocida como uno de los capítulos más trágicos del gobierno madurista. El saldo contabilizó una persona muerta, con al que suman 38 víctimas fatales desde el inicio de la manifestaciones, y más de cien heridos, entre ellos cinco parlamentarios y un joven que fue embestido sin disimulo por una tanqueta de la Guardia Nacional.
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