Entrevista con Ana Lilia Pérez/ Periodista y escritora

Nora Rodríguez Aceves

El robo de hidrocarburos está controlado por una red de complicidades que involucra desde altos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pasando por el sindicato, ingenieros, empresarios, hasta los trabajadores, que saben que en el mercado negro de los combustibles se obtienen grandes cantidades de capital.

Esa Red está protegida por las mismas autoridades que han sido omisas ante el problema que en la última década ha crecido a niveles alarmantes y que hoy no saben cómo controlarlo.

En entrevista con Siempre!, Ana Lilia Pérez, autora de El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, afirma que el robo de combustible tiene muchas modalidades, muchas aristas, no es un problema nuevo, es un problema que las autoridades mismas dejaron crecer, del que se tenía conocimiento desde el interior de Petróleos Mexicanos, incluso se hizo trabajo de inteligencia dentro de la paraestatal, que ya en su momento habían hecho miembros del Ejército.

“La Gerencia de Seguridad Física de Pemex —dice—, el área que se encarga de la vigilancia de este sector, tenía ya trabajo de inteligencia donde se había detectado que en el robo de hidrocarburos que se hacía, primero a manos de los propios trabajadores de Pemex, ya había un involucramiento del crimen organizado en este tipo de robo que se está viendo ahora de manera más abierta y explicita”.

“El robo de hidrocarburos no es solo uno de los principales problemas que enfrenta Pemex sino todo el país. Refleja de nuevo el fracaso de las instituciones en materia de seguridad, porque recordemos que las instalaciones petroleras son áreas de seguridad nacional y en su vigilancia siempre ha participado el propio Ejército, en la zona terrestre, y la Marina en la zona marítima, y el robo de combustibles ocurre en todas las instalaciones de la paraestatal y no solo en los ductos, por  tanto es un problema que nos refleja la descomposición del propio país y la negligencia de las autoridades”.

“Cuando se publica El cártel negro en 2011, ya se enfatizaba mucho en el tema de la complicidad de la propia autoridad,  a  tal grado que hacer ese trabajo de investigación fue uno de los motivos que generaron mi salida del país, pues mucha gente se incomodó por la información publicada. Hasta esos momentos, de todas las investigaciones que había hecho respecto a Petróleos Mexicanos, era la más delicada, y cuando comencé a hacerla no me imaginaba la magnitud del problema, que es un poco lo que se está viendo en Puebla, la complicidad y la fuerza tremenda del crimen organizado, que ya es esa afrenta directa a la autoridad en una disputa por los hidrocarburos, que además son una fuente de ingresos muy importante para estos grupos delictivos”.

La periodista subraya que desde 2011 en que se publicó su libro, las autoridades tuvieron conocimiento de lo que ocurría, sin embargo, dejaron crecer el problema.

“Hay mucha negligencia por parte de la autoridad, he escuchado declaraciones de funcionarios públicos o políticos que se dicen sorprendidos de lo que está pasando, pero ellos mismos fueron parte de gobiernos anteriores que tenían conocimiento de este problema y lo dejaron crecer. Destacaría el tema de la negligencia gubernamental frente al crecimiento del crimen organizado con una de sus principales fuentes de economía, que es la del robo de hidrocarburos”, afirma Ana Lilia Pérez.

 

Altas estructuras de Pemex, involucradas

Ana Lilia Pérez asegura que la estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburos en toda la geografía nacional anunciada por el presidente de la república, el pasado 6 de mayo, no son medidas nuevas, ya que “si se revisan las declaraciones que hizo en su momento Felipe Calderón cuando se habló también del robo de combustibles, se refieren a lo mismo, a estrategias coordinadas. De hecho, los mismos actores que estarían participando en esta estrategia integral son los mismos que participaron desde años anteriores, supuestamente en combatir el robo de hidrocarburos”.

La Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Marina, el Ejército mexicano, la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, las mismas dependencias que se anuncian en este plan coordinado ya estaban participando antes, aparentemente, en el robo de combustible, entonces ¿por qué no se frena el ilícito?, porque “el robo viene —dice Ana Lilia Pérez— desde las estructuras altas de Pemex y es uno de los grandes negocios que controlan dirigencias sindicales locales”.

“En esta modalidad de sustracción —dice— participa mucha gente de Pemex, por eso la estrategia debe venir desde dentro, ir limpiando la propia estructura de quienes están participando en este modus operandi que involucra, por una parte a la gente que trabaja dentro de Pemex, pero como hay una correlación directa con contratistas, con franquicitarios, con los dueños de las gasolinerías, porque hoy se ven mucho esas imágenes de gente que está en las carreteras vendiendo en tambos la gasolina, lo que llaman el huachicolo, a nivel muy micro, pero en el verdadero flujo de hidrocarburos robados no solo roban desde el asfalto, la gasolina, el diésel, todo tipo de hidrocarburos, incluidas las materias primas, que van a parar al mercado formal, hay que combatirlo desde dentro, con trabajos de inteligencia, que realmente se lleven las investigaciones hasta sus últimas consecuencias”.

“Hay que despedir a la gente —dice Ana Lilia Pérez— que incurre en estas irregularidades, que el sindicato petrolero deje de proteger a los líderes que participan en este negocio y a partir de esa limpia que se incluya también a quienes son parte de este mercado negro a través de la venta de hidrocarburos, pero a gran escala. Hablo de las gasolinerías, importadores y exportadores de hidrocarburos, más en estos momentos, cuando ya la reforma energética permite el libre comercio en los refinados, la importación y exportación de gasolina”.

“Si no se combate así, se incentivará aún más el mercado negro, sobre todo con la liberalización del precio de los combustibles, porque antes con el precio controlado se tenía cierto control respecto a quiénes estaban ofreciendo el producto más barato; cuando se ofrece el producto más barato, es un indicador de que se trata de hidrocarburos robados, pero ahora con el libre mercado, ese ya no será un indicador tan determinante, lo cual es muy delicado”.

Advierte que se debe poner mucha más vigilancia en quiénes están suministrando al mercado negro, pero también en quiénes lo están comprando, y no me refiero a los consumidores comunes, sino a los intermediarios de esos combustibles. Se está promoviendo la información de que la gente compra a cinco pesos un litro de gasolina o de diésel en el camino, pero ese no es el grueso del mercado negro; el grueso se comercializa en franquicias, gasolinerías, en empresas de la industria formal, que compran lubricantes,  gasolinas,  combustóleo,  en empresas de autotransporte que compran a gran escala ese tipo de combustibles, todo esto se debe atacar, con trabajo de inteligencia.

El negocio no se acabará

Para la autora también del libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, “si la administración actual hubiese tenido voluntad para resolver el problema, hubiera puesto atención desde hace mucho tiempo, lo sé porque altos directores de Pemex tuvieron mucha información a través de los libros que publiqué y me reuní con gente del área de inteligencia que estaba preocupada por lo que sucedía dentro de la paraestatal, pero en realidad lo que había era mucha simulación en ese supuesto combate al robo de combustible. Es un negocio que involucra a gente que está en la esfera de la política, de la función pública, que son al mismo tiempo dueños de las gasolinerías, de las grandes empresas en donde se consume este tipo de hidrocarburos”.

“Es un negocio que no se acabará ya que el crimen organizado sabe que hay una veta de negocios tan buena como el mercado de hidrocarburos, es difícil que se combata realmente si no se combaten las estructuras”, afirma la escritora.

“México —continúa Ana Lilia Pérez— está en un momento en que lo que resta de la administración de Peña Nieto será irse enfilando hacia la transición de poderes, hay una elección anticipada para el próximo año en que se elegirá al nuevo presidente de la república y no se ve ni la capacidad del gobierno federal para resolver el problema que se dejó crecer, ni hay el interés suficiente”.

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