A casi tres años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el caso Ayotzinapa vuelve a ser tema de controversia. Un reporte no oficial salió a la luz en donde se manifiesta que hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, a uno de ellos le aplicaron el “teléfono”, el cual consta de hacer estallar los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.
Fuentes federales consultadas por el diario El Universal, señalaron que los siete detenidos por el caso Ayotzinapa podrían quedar en libertar si se llegara a probar que una investigación no cumple con el debido proceso, ya que se violó la ley: hubo torturas a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río en donde supuestamente se encontraron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
La investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada en agosto de 2016 por Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo llena de presuntas irregularidades, según el informe que fue enlatado y desechado que integró César Chávez, titular de la Visitaduría General de la PGR.
Las retenciones que hizo la Ministerio Público Federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, en particular de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, fueron de manera ilegal y arbitraria. Además de que el certificado médico de esa persona fue entregado por la Marina el día 27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el día siguiente sin hora precisa. “Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración”, indica el documento elaborado por César Chávez.
Además, se señala que “El Chereje” fue llevado de forma ilegal al río San Juan el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por Tomás Zerón, sin que la misma quedara asentada en la averiguación. La Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permitió a Zerón esa maniobra “sin causa legal que lo justificara”.
Agustín García Reyes fue llevado al río en un helicóptero Bell-412, matricula CX-JBX, sin su abogado, como estipula le ley. El personal que apoyó el 28 de octubre a Zerón no respetó las formalidades de ley y omitió asegurar el lugar de los hallazgos. A el director de la Agencia de Investigación Criminal se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por estar ahí sin su abogado.
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El documento añade que la presencia en el lugar de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez “reviste un carácter ilícito”. Por su parte, la Procuraduría indicó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese que los padres de los normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe.
El 24 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI) recalcó en su informe que pese a que el video donde se ve a Zerón con otros servidores públicos en el río, este hecho nunca se registró en el expediente. El GIEI demostró que hubo un reporte médico de la Marina, en donde García Reyes no presentaba lesiones; sin embargo, 11 horas después, lucía 30 hematomas, excoriaciones y restos de sangre seca.
El testimonio de “El Chereje” hecho el 24 de junio de 2016, indicó: “Yo estaba detenido en la SEIDO, en un celda, y nomás me sacaron y me subieron a un helicóptero y ya ahí me dijeron que me iban a llevar al puente del río San Juan y que ahí había una bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacia me iban a torturar, entonces yo contesté que sí (…) ya en el rio uno de ellos vestido de negro me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar. Ya llegando hasta las bolsas hice lo que me habían dicho”. Añadió que en la aeronave iba Tomás Zerón.
Otras contradicción, indica que la Ministerio Público Federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, “levantó indebidamente” actuaciones ministeriales el día 29 en la Ciudad de México, mismo día en que “se encontraba llevando a cabo la diligencia de búsqueda y recolección de indicios en el río San Juan”. También se detectó que Jorge García Valentín, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, también “asentó indebidamente fechas y horas contradictorias”.
César Chávez determinó remover de su cargo a Blanca Alicia Bernal Castilla y al fiscal antisecuestros de la SEIDO, Jorge García. Además, indicó que los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, cometieron irregularidades y debían ser removidos por incurrir en perturbaciones ilícitas y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia. Tomás Zerón podría ser castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma circunstancia la visitaduría puso al fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.
Fuentes oficiales de la SFP dijeron que confían en que, de ser confirmadas las anomalías, puedan ser subsanadas por la PGR.
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