A finales de marzo comenzaron las amenazas de muerte en su contra y pese a que pidió protección, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, activista que buscaba personas desaparecidas en Tamaulipas, fue asesinada por un grupo armado, hecho condenado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), realizó un llamado al gobierno mexicano para garantizar la protección de las víctimas en riesgo de agresión y sus familias, “máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.

“La ONU-DH realiza un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de la Sra. Rodríguez, así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México”, refirió el organismo internacional.

Además, la ONU-DH exigió que este asesinato sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad, por lo que exhortó a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que con su solidaridad y cobertura logren dar apoyo a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

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Amarga lucha de Miriam

Luego de algunos años de vivir en Estados Unidos, Miriam regresó a México en 2012. Tenía un objetivo claro: dar con el paradero de Karen Alejandra, su hija desaparecida que fue lo que la llevó a fundar el Colectivo Desaparecidos de San Fernando.

Miriam logró su objetivo, pero desafortunadamente fue en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas. Tras luchar sola con sus propios recursos, logró que de los 16 delincuentes que participaron en el secuestro y muerte de su hija, 13 fueran a la cárcel –ella detuvo personalmente a 3–, todos ellos fueron identificados como parte del cártel de Los Zetas.

A raíz de su lucha e integración del Colectivo Desaparecidos de San Fernando, muchas otras personas pudieron dar con el paradero de sus familiares desaparecidos. Su última protesta fue el mismo día de su muerte.

La activista supo que corría peligro y en diversas ocasiones señaló que sabía que la iban a matar. Tras la fuga de 29 reos del penal de Ciudad Victoria el 23 de marzo de este año, comenzó a ser amenazada por lo que pidió protección al procurador de Tamaulipas.

La procuraduría de la entidad, por su parte, refiere que la mujer acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir protección. Su solicitud fue turnada a la instancia estatal, organismo que pidió la protección de la activista, por lo que se realizaban rondines, tres veces al día en su domicilio. Sin embargo, la noche del 10 de mayo un grupo de hombres armados acudió a su casa y le disparó.

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