Venezuela
Juan Pablo Aguirre Quezada
“Cuando termina la ley empieza la tiranía”. Henry Fielding
La Constitución es el ordenamiento jurídico máximo que tienen los estados – nación. Estas leyes deben corresponder a las tradiciones, características propias de la población y la naturaleza de su organización social, tal como lo reflexiona Montesquieu en su célebre obra “el espíritu de las leyes”.
La historia también refiere diferentes ejemplos acerca de cómo la imposición de leyes contrarias a la esencia social terminaron con grandes descontentos sociales, tal como las constituciones esclavistas en entidades abolicionistas antes de la guerra de secesión estadounidense. Por tanto, al crear una Carta Magna esta debe corresponder a la realidad de la nación.
No sucede así en Venezuela, en la que el Presidente Nicolas Maduro ha hecho un llamado a conformar una Asamblea Constituyente. En un momento en la que el Poder Legislativo está en manos de oposición y que las condiciones sociales del país están en un momento de severo daño, en la cual una proporción de la población se encuentra en crisis humanitaria.
¿Para qué quiere convocar Nicolás Maduro a un Congreso Constituyente? La actual Constitución data de 1999 y fue promulgada por Hugo Chávez, acorde a su modelo de país y desde cambios en su denominación -el país pasó a llamarse oficialmente República Bolivariana de Venezuela- hasta aspectos sociales como el derecho de los pueblos originarios al respecto de sus tradiciones, o la obligación de contar con un medio ambiente saludable, con toda la carga ideológica del régimen.
A tan solo 18 años de vigencia ya tuvo una enmienda y dos intentos de convocar a un nuevo congreso Constituyente (2007 y 2009) los cuales no se concretaron; por lo que la propuesta de Nicolás Maduro es un nuevo ordenamiento jurídico acorde a su realidad, la cual no es compartida por millones de venezolanos.
Si bien la oposición tiene la mayoría de la Cámara de Diputados el Presidente Maduro no ha respetado la división de poderes al intentar gobernar mediante los tribunales o por decreto; por lo que un Congreso Constituyente es una oportunidad para nombrar representantes afines y retomar un control que ya no tenía. No obstante, esta decisión se da en un momento en que el Gobierno venezolano desea salir de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que muestra la debilidad al exterior; y con manifestaciones multitudinarias en contra del régimen con defunciones por los enfrentamientos entre opositores y defensores en diferentes partes del país.
El mismo Maduro encara la falsedad del nuevo congreso constituyente al señalar que los representantes serán chavistas y ciudadanos, al tiempo de desechar a los partidos políticos a participar. Esto demuestra la injusticia de no tomar en cuenta las características propias de la población, y que la actual legislatura es una muestra de lo errático que sería considerar hacer una nueva constitución.
El proyecto del Presidente Maduro de una Carta Magna a su medida no resuelve los graves problemas de hiperinflación, el descontento social, la falta de oportunidades para el desarrollo de la población o reduce la violencia que actualmente padece Venezuela. El adoptar una decisión impopular en la crisis que enfrenta puede resultar contraproducente y abonar más a una eventual salida del Poder con ruptura gubernamental. La sociedad venezolana exige soluciones factibles, no un marco jurídico que afiance una tiranía.
Otras voces que han referido su postura en contra de una nueva Constitución son los redactores de la Carta Magna de 1999 al señalar el gobierno de pretender imponer su visión sobre los principios desarrollados en época de Hugo Chávez; por lo que al interior del grupo gobernante hay discrepancias acerca de esta nueva Carta Magna. Estas disputas también originaron una esperanza en los congresistas opositores a fin de bloquear el intento de crear la nueva Constitución.
Sin embargo, el obstáculo para el capricho de hacer esta legislación no sólo serán las fuerzas opositoras el principal reto para aceptarla, sino que la comunidad internacional como la Organización de los Estados Americanos –de la cual Venezuela quiere salir- así como los gobiernos de países de América Latina hacen manifestación de que dicha normatividad es innecesaria.
Hacer una Constitución a la medida es la solución que propone Maduro al cierre del diálogo con la oposición que creció en los últimos meses. La realidad dista mucho de un debate parlamentario que puede ser aprovechado en el sentido del mandato de las urnas en los últimos comicios legislativos. La nueva Constitución eliminaría la posibilidad de que el Presidente escuche a su pueblo, es decir, gobernaría a capricho.
*Doctor en Humanidades, Universidad Latinoamericana.
