Recuerdo de sangrientas dictaduras
Raúl Jiménez Vázquez
En virtud de su calculado posicionamiento mediático, el tópico de la seguridad interior pareciera ser de muy reciente data. Sin embargo, lejos de ello, es un tema que ha estado presente en toda la experiencia constitucional de México, como se puede deducir de la lectura de los siguientes instrumentos normativos: Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (artículo 16, fracción VI), Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (artículo 110, fracción X), Constitución Política de la República Mexicana de 1857 (artículo 85, fracción VI), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (artículo 89, fracción VI).
A lo largo de esos casi doscientos años la reglamentación de la seguridad interior jamás ha sido una prioridad legislativa, lo que sin lugar a dudas contrasta severamente con la premura y el inusitado interés en aprobar una ley ad hoc que emergió a raíz de la exigencia pública hecha por el titular de la Defensa Nacional a fines del año pasado.
Tal reclamo aflora en el momento menos propicio pues el país está envuelto en una tremenda crisis humanitaria, la cual fue puesta de manifiesto con la severa reprimenda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le propinó recientemente al Estado mexicano; aunado a la conclusión categórica vertida dentro del informe 2017 del Instituto de Estudios Estratégicos, en el sentido de que en 2016 los homicidios intencionales ascendieron a 23 mil, cifra considerablemente mayor a los índices de letalidad de Afganistán y otros países que se hallan en guerra.
Mientras esto sucede, en forma subrepticia se está incursionando en los espacios supranacionales de la seguridad regional y la seguridad hemisférica, dos categorías geopolíticas ideadas por los halcones de la Casa Blanca con el fin de ampliar el perímetro de seguridad de los Estados Unidos y desplegar estrategias bélicas mediante la operación coordinada de dos cuerpos represivos de primer nivel: el comando norte y el comando sur.
Ese silente proceso está más que evidenciado con dos hechos relevantes: I) la participación de altas jerarquías de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en la cumbre militar que tuvo lugar en Cozumel bajo la conducción de los jefes de ambos comandos estadounidenses, de la que emanó el acuerdo de sellar herméticamente la frontera con Guatemala y controlar los flujos migratorios, II) el anuncio de la realización en 2018 de la Conferencia de Ministros de las Américas, en la que los representantes de las fuerzas castrenses consensuarán políticas de defensa y seguridad hemisférica.
Las categorías geopolíticas y extranjerizantes de la seguridad regional y la seguridad hemisférica son totalmente ajenas a la normatividad constitucional. El debate ciudadano sobre la ley de seguridad interior tiene que dar cuenta de dicha irregularidad y de este intento de reedición del nefasto “Plan Cóndor” que apuntaló las sangrientas dictaduras del cono sur.
