Por el espionaje dirigido a defensores de la salud y por la desconfianza que existe hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto, 10 organizaciones civiles dejaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

“En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la AGA”,  denunciaron  las organizaciones.

“El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno”, afirmaron.

En conferencia de prensa, representantes del núcleo de la sociedad civil integrado por Artículo 19, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), SocialTIC, Cultura Ecológica, Centro de Investigaciones para el Desarrollo A.C. (CIDAC), Contraloría Ciudadana, GESOC, Observatorio Nacional Ciudadano  y Transparencia Mexicana,  aseguraron que la administración de Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante el caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en el país, revelado en febrero pasado.

Desde hace tres meses los académicos y activistas exigieron que la Función Pública y el INAI aclararan el espionaje revelado por la agrupación canadiense Citizen Lab contra tres defensores mexicanos, pero hasta el momento el Gobierno Federal se ha mantenido omiso.

Según la denuncia, el gobierno espió a Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, de la coalición ContraPESO. Estos dos últimos eran colaboradores de la Alianza.

A nombre de las ONG’s, Tomás Severino, de la Agrupación Cultura Ecológica, señaló que “después de haberlo meditado, sopesado, es una decisión ciertamente complicada, dolorosa, porque llevamos más de cinco años y medio trabajando en esta iniciativa, hemos decidido retirarnos del espacio de diálogo”.

Reconocieron que es el primer caso, de los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto, de 2011, en el que la sociedad civil rompe con los trabajos por perder la confianza en las autoridades del Estado.

En su intervención, Juan Pardinas, del IMCO, afirmó que en México se percibe un escenario de acoso en contra de organizaciones civiles, incluso de autoridades como el SAT.

“Esto ha ocurrido en el contexto de otras situaciones preocupantes”, ejemplificó Pardinas. “El robo de discos duros de la oficina de Causa en Común, liderada por María Elena Morera; el allanamiento de la casa de Genaro Lozano, columnista de Reforma”.

¿Qué es la AGA?   

“La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral conformada por 75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura”.

“En México, está opera a través de un Secretariado Técnico Tripartita (STT) que es el espacio de toma de decisiones compuestos por tres partes: Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), órgano garante, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) para la toma de decisiones de la AGA”.

(Con información de Reforma)