Informe anual 2016
Raúl Jiménez Vázquez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe anual 2016. En el capítulo V está contenido el resultado del seguimiento a las recomendaciones formuladas en el informe 2015 sobre la situación de derechos humanos en México. A lo largo de 87 páginas, el ombudsman hemisférico da cuenta y razón pormenorizada del desastre humanitario en el que se halla envuelto nuestro país en virtud de la prevalencia de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y ataques generalizados a los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay, las mujeres, los niños y adolescentes, los periodistas, los indígenas, los migrantes y los defensores de quienes son agredidos en su dignidad e integridad.
Dentro del subcapítulo “Seguridad ciudadana”, al gobierno federal se le hacen cinco severos reproches: I) no haber implementado un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; II) haberse abstenido de llevar a cabo acciones de fortalecimiento de la policía para realizar tareas de seguridad pública conforme a estándares internacionales de derechos humanos; III) no haber reorientado el abordaje del tema del narcotráfico de un enfoque de militarización y “combate frontal”, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública; IV) no haberse asegurado de que en casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, las líneas de investigación incluyan la responsabilidad por cadena de mando; V) no haber adoptado e implementado medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación con operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de la vida.
Ello evidencia palmariamente una total falta de voluntad política para atender y resolver esos importantes señalamientos, lo que le atribuye al Estado mexicano una seria responsabilidad internacional ya que que no se ha dado cumplimiento al deber fundamental de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Peor aún, se están dando pasos trascendentales que revelan la intención de empoderar más y más a los milicianos y volver indefinido el regreso a sus cuarteles y guarniciones. Uno, es la pretensión de aprobar, cueste lo que cueste, la ley de seguridad interior en el periodo extraordinario de sesiones al que se convocará después de las elecciones de junio. Otro, es la inédita y muy preocupante incursión del Ejército y la Marina en el ámbito de la seguridad regional, concepto absolutamente inexistente dentro de nuestra carta magna, la cual fue puesta de manifiesto en la cumbre militar centroamericana que tuvo lugar hace unos días en Cozumel bajo el liderazgo de los jefes de los comandos norte y sur de Estados Unidos.
Ir a contracorriente de la Comisión Interamericana es un absoluto desvarío, un ignominioso signo de la ceguera mental y política que está imperando en la clase gobernante.
