La llamada telefónica que se recibió en la 25 Zona Militar de Puebla para denunciar la existencia de una toma clandestina de combustible en el municipio de Palmarito, y la forma como fueron atacados integrantes del Ejército mexicano cuando llegaron al lugar, tienen la apariencia de ser un escenario montado, preparado, por el crimen organizado.
Los hechos deben ser interpretados como una trampa y provocación al Ejército mexicano.
La intención es obvia: responsabilizar al Ejército de las muertes ahí ocurridas, para enfurecer a la población, provocar la intervención de Derechos Humanos y obligar a los militares a dejar la plaza en posesión de los grupos delictivos dedicados a la extracción clandestina de gasolina.
Las fuerzas armadas vuelven a ser víctimas de la delincuencia, pero también y sobre todo de los partidos políticos; se han negado a aprobar la Ley de Seguridad Interior con el argumento de que se quiere militarizar el país.
Lo paradójico del caso es que quienes se oponen a la presencia de las fuerzas armadas en puntos estratégicos del país no están preocupados por el escandaloso saqueo de hidrocarburos por el que Pemex y el país pierden 35 mil millones de pesos al año.
Los hechos recientes evidencian que el robo de gasolina se ha convertido —tal vez después de la venta de droga— en el más importante negocio de la delincuencia organizada y que, frente a su poder, el gobierno mexicano carece de una estrategia real, para impedir la constante violación de los ductos.
Pemex ha señalado que en la succión de combustible puede estar implicado personal de la empresa por la complejidad y el riesgo que implica la ordeña. La gran pregunta es si solo participan técnicos e ingenieros o si, en la red de corrupción, están implicados altos ejecutivos de la institución.
El saqueo, que cada segundo se hace a través de miles de tomas clandestinas, no es nuevo, pero el uso de la población civil para enfrentarla a las fuerzas armadas indica que el crimen organizado ha logrado, otra vez, aparecer como el redentor de los pobres.
Se vuelven a repetir escenarios similares a Ayotzinapa o Nochixtlán donde la delincuencia se monta en la pobreza para desacreditar las instituciones.
