La construcción de la Constitución de la Ciudad de México abrió una nueva forma de legislar.  A pesar de los tiempos apresurados y de los formatos acartonados en que nos arrinconó el artículo 122 constitucional (el cual reconoce la autonomía y establece las bases para crear la Constitución de la Ciudad), es un hecho que las y los constituyentes logramos romper la forma de hacer política legislativa. Sin negociaciones en lo oscurito, los acuerdos con otras fracciones se hicieron frente a las cámaras, en tribuna y en parlamento abierto. Algo que resultó clave para lograrlo fue negarnos a hacer intercambios “dando y dando”, porque estos no son  formas éticas de legislar. Dentro de mi fracción de Morena teníamos claro que eran innegociables, de que nos retiraríamos de la Asamblea ante la pérdida de derechos fundamentales, tales como el derecho al agua potable sin fines de lucro, el derecho al mínimo vital, la autonomía de los pueblos originarios, la ciudadanización del sistema de justicia, el derecho al espacio público, al matrimonio de personas del mismo sexo, a la maternidad voluntaria y la no criminalización de las mujeres. Afortunadamente, todos estos derechos quedaron contemplados en el texto promulgado el 31 de enero.

Básicamente considero que la Constitución de la Ciudad de México expresa las demandas y posiciones de la izquierda más progresista, que es la que prevalece en la sociedad capitalina. Aunque hay quien no gusta de las clasificaciones de izquierda o derecha, porque se puede caer en simplismos, pienso que estas categorías siguen siendo útiles y especialmente didácticas, a la hora de diferenciar posiciones políticas.  Durante el proceso, las y los constituyentes mantuvimos lazos estrechos con las distintas fuerzas y capas sociales que integran esta ciudad, nos acompañaron líderes de pueblos originarios, indígenas e inmigrantes, trabajadores manuales e intelectuales, empresarios, líderes comunitarios en temas de vivienda, agua, uso del suelo, basura, animales, ecología, de organizaciones feministas y del movimiento LGBTTTI, hasta movimientos de derecha opuestos a la libre decisión de las mujeres presentaron iniciativas e hicieron presión para influir en el texto constitucional.

El texto constitucional no crea una situación, pero si la consagra, si desde hace veinte años hemos colocado aquí gobiernos de izquierda es por un largo proceso cultural y político, bien señalaba Antonio Gramsci “no es posible la toma del poder político sin ocupar antes el poder cultural”.

En el recinto de Xicoténcatl, enfrentamos de manera persistente los intentos de los partidos de derecha para arrebatar el monopolio cultural, social y moral a la izquierda, todos éstos veían en la Asamblea Constituyente una oportunidad para recuperar un territorio que tienen perdido. La madurez política mostrada tanto por muchos de las y los diputados partidistas como de constituyentes externos/as e independientes contribuyó para contar hoy con un texto que es un verdadero triunfo para las izquierdas del país y del mundo.

En mi grupo parlamentario apostamos por una carta magna que fuera cimiento para establecer la dignidad humana como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, por un marco que empujara hacia adelante nuevas leyes y políticas, una carta que impidiera los retrocesos y las medidas represivas que estamos viviendo en últimos tiempos. Se trataba de ir más allá, de avanzar por encima de lo obtenido en 20 años de gobiernos de izquierda de la Ciudad, no sólo de reconocer sino también de superar, los derechos logrados y ya contemplados en el proyecto del jefe de Gobierno.

Estoy muy orgullosa de contar por primera vez con una carta magna que reconoce el parámetro de control de regularidad constitucional más allá de los tratados internacionales, una constitución que incluye todos los instrumentos internacionales (Declaraciones, Directrices y Conferencias signadas por México), así como todas las leyes generales y locales, lo cual la hace única en el planeta. Otra novedad de carácter mundial, es la integración de la sociedad civil en el poder Judicial de la Ciudad: el Consejo Judicial Ciudadano que estará conformado por once ciudadanos de reconocido prestigio e independencia, con cargo honorario sin remuneración. Un Consejo que será designado por dos terceras partes del Congreso local en convocatoria pública y tendrá entre sus atribuciones: designar a los miembros del Consejo de la Judicatura, proponer al Jefe de gobierno una terna de candidatos para ocupar la Fiscalía de la Ciudad, que después debe ser sometido a consideración del Congreso, así como proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados en materia electoral y de combate a la corrupción. Por primera vez el Presidente del Tribunal Superior de Justicia no podrá ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.

A pesar de ser materia federal, hay importantes logros en el tema de derechos laborales, entre ellos: Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno;  igualdad sustantiva en el trabajo y el salario, protección eficaz frente a riesgos de trabajo, incluyendo un ambiente que garantice la seguridad, salud y bienestar; reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social; promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y domicilio de la persona trabajadora; se salvaguarda el derecho de asociación sindical, a elegir libremente a sus representantes y participar en los contratos colectivos; protección contra todo acto tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo la injerencia de empleadores. Se garantiza una justicia laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que incluya los servicios de conciliación y mediación. Entre nuestras frustraciones, hay que decir que no se logró garantizar prestaciones sociales a las personas trabajadoras no asalariadas (prestadoras de servicios por cuenta propia, quienes producen bienes, artesanías, y comerciantes), aunque quedó asentado que tienen derecho a realizar un trabajo digno y a asociarse para defender sus intereses, a recibir capacitación, y las que establezca la legislación en la materia.

Como se dio a conocer en los medios, Morena presentó acción de inconstitucionalidad ante la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) por el hecho de que se objetó que el texto de la nueva Carta Magna se sometiera a referéndum y porque se incluyó una representación paritaria de legisladores locales (33 diputados electos y 33 plurinominales) que contraviene la representación de 60-40 que estipula la constitución federal.  Pero ese es un detalle necesario, frente al conjunto de recursos de inconstitucionalidad que presentaron diversas instituciones federales.

Nuestra nueva Carta está asaeteada por la Procuraduría General de la República, por el Consejero Jurídico de la Presidencia, por el Tribunal Judicial Capitalino, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el Presidente del Senado. Nos atacan por querer forjar una nueva cultura política que reconozca la pluralidad y el sentido de vanguardia de la sociedad capitalina, por escribir un marco legal que permita cambiar las formas autoritarias de gobierno, por ciudadanizar un poder judicial que sólo ha reproducido la injusticia, por pretender enfrentar con seriedad la corrupción, y por querer ampliar y hacer exigibles los derechos humanos.

Tengo la esperanza de que la Constitución de la Ciudad de México sobrevivirá al supremo poder conservador, y que lejos de desdibujarse, es probable que el dictamen de la SCJN termine fortaleciéndola. Ante adversario común, la acción podría resultar unificadora de las izquierdas.

Porque la nueva constitución de la Ciudad superó las posiciones de la extrema izquierda, al valorar la acción política como debate de las ideas, al colocar lo colectivo por encima del individualismo, y al comprender que la democracia debe romper con las formas deshonestas de la actual clase política pero no puede prescindir de los partidos.