Ahora, del IISS
Raúl Jiménez Vázquez
Dos acontecimientos cimbraron la opinión pública e hicieron crujir las amarras del gobierno de Peña Nieto: la difusión del informe 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la puesta en circulación a escala mundial del informe anual del Instituto de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).
En su informe, el ombudsman hemisférico le propinó una severa reprimenda al Estado mexicano, acusándolo de no haber hecho lo necesario para solventar las numerosas recomendaciones que le han sido formuladas. Tan reprobable omisión incentivó el clima que ha hecho posible la prevalencia de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros ataques generalizados a los derechos humanos.
En el texto del IISS, denominado “Evaluación de conflictos armados 2017”, no se escatimaron palabras a fin de retratar la magna tragedia humanitaria en la que estamos inmersos los mexicanos: “En el 2016, los homicidios intencionales fueron 23 mil, superados solo por los 60 mil de Siria, que vive una guerra civil”.
Voceros gubernamentales de inmediato se dieron a la tarea de refutar las aserciones del observador internacional, asegurando que México no vive un conflicto armado interno Se trata de un vano intento retórico pues la gravísima situación que envuelve virtualmente todo el territorio nacional encaja o embona dentro de las categorías jurídicas establecidas dentro del artículo tercero común de los cuatro convenios de Ginebra, donde se regula la figura del conflicto armado no internacional. Asimismo es acorde a los estándares derivados de la jurisprudencia uniforme fijada, entre otros, por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta última en el caso conocido como “La Tablada”.
Las atrocidades descritas en ambos informes están conectadas por un evidente hilo conductor. Son el fruto envenenado de la inconstitucional decisión presidencial de sacar de sus cuarteles, mantener indefinidamente en las calles y asignar a las fuerzas armadas el desarrollo de tareas inherentes a la seguridad pública.
Ello es más que suficiente para desechar la propuesta de ley de seguridad interior. Empero, si aún quedase alguna duda en torno a las delicadas consecuencias jurídicas, políticas y sociales que conllevaría su aprobación, basta traer al presente dos sucesos en extremo preocupantes: la presunta ejecución extrajudicial de un hombre sometido y desarmado a manos de un soldado en la comunidad poblana del Palmarito y la incursión de jerarcas milicianos en el espacio geopolítico de la seguridad regional, controlado por Estados Unidos.
El abandono de ese ignominioso proyecto legislativo debe acompañarse de la programación del retorno de los efectivos militares a sus guarniciones. Solo así se restablecerá la vigencia de los artículos 21 y 129 constitucionales y empezaremos a ver la luz al final del túnel.
