Cada día hay más involucrados en la compra, venta y robo de combustible en Puebla. Ahora autoridades federales le siguen la pista a los alcaldes de la entidad. De acuerdo a las indagatorias realizadas por las áreas de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hasta el momento son cuatro presidentes municipales que están siendo investigados.

Los alcaldes involucrados son los de Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco y Cuyoaco, a quienes además se les investiga si tienen alguna colaboración directa o indirecta para que los llamados huachicoleros sigan trabajando en esas demarcaciones.

Esto se da a conocer luego de que el martes pasado el Gobierno Federal, a través del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informara que se investiga a una red de empresarios gasolineros ligados a este ilícito.

En conferencia de prensa, dijo que “no solamente se trata de la venta al menudeo del hidrocarburo, de lo que podríamos llamar el “huachicomenudeo”. Se trata de ir por quienes, empresarios algunos, adquieren el hidrocarburo a sabiendas de que es robado, cometiendo un delito que es operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Además de ediles son “gasolineros”

De acuerdo con información publicada por El Universal, tanto el presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde; como el de Cuyoaco, José Luis Rechy, son empresarios y cuentan con estaciones gasolineras.

A Pablo Morales Ugalde del Partido Social de Integración, se le investiga por posibles omisiones durante su administración, ya que uno de los líderes huachicoleros apodado El Bukanas tenía un centro de operaciones en el poblado de La Encrucijada, además de que se sabe es dueño de por lo menos cuatro gasolineras, ubicadas en el municipio que gobierna, Tecamachalco, Quecholac y Tepeaca.

Por si fuera poco, su medio hermano Eduardo Morales es propietario de otra estación ubicada en Tlacotepec de Benito Juárez, misma que fue baleada en abril pasado. Hecho que es investigado por la fiscalía estatal para conocer si existe alguna conexión con la compra y venta de combustible robado.

En tanto, la investigación en contra de José Luis Rechy, de Movimiento Ciudadano, se debe a que es dueño de una gasolinera ubicada en el mismo municipio en el que gobierna.

SAT investiga facturas de gasolina robada

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que comenzó a cancelar sellos fiscales al detectar que existen cerca de 70 mil empresas fachada o fantasmas que emiten facturas apócrifas utilizadas para la compra y venta de gasolina robada.

Osvaldo Santín, jefe del SAT,  confirmó que “las investigaciones son diversas y lo que estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estaciones de servicio, donde se pueda presumir que hayan consumido o comprado combustible robado o bien que estén comprando o vendiendo facturas. Ya se han desprendido algunas consecuencias como las cancelaciones de sellos en algunas estaciones de servicios, ya se han iniciado las averiguaciones”.

Señaló que las indagatorias también se realizan en las 12 mil gasolineras diseminadas en todo el territorio nacional pero sobre todo en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.

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