Tras su visita a principios del siglo XIX, Alexander Von Humboldt escribió lo siguiente en su obra señera Ensayo político sobre el reino de la Nueva España: “México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población”.
Emulando al célebre científico alemán, en los tiempos que corren numerosas autoridades internacionales han dejado constancia del horror que les ha causado el clima de impunidad, violencia generalizada y transgresiones sistemáticas a los derechos humanos que impera a lo largo y ancho del territorio nacional. Así se deduce de los informes emitidos, entre otros órganos, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas, el relator especial sobre la Tortura, el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales y el Grupo de Detenciones Arbitrarias.
La misma traumática impresión se trasluce en el informe final de la visita realizada el año pasado por el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos y las Empresas Trasnacionales, dependiente de Naciones Unidas. A lo largo de 23 páginas se detallan los ataques a los pueblos originarios que llevan a cabo poderosos corporativos en aras de sacar adelante sus megaproyectos empresariales, sobre todo en materia de energía, minería, construcción y turismo. Entre otras irregularidades, se destacan el atropello permanente al derecho humano a la consulta previa e informada reconocido en el convenio 169 de la OIT y el uso de amenazas y medidas de fuerza en contra de activistas e integrantes de las comunidades.
El corolario de los personeros de la ONU es más que contundente: “las autoridades mexicanas están sujetas a los intereses de las empresas, por lo que no aplican el marco jurídico existente ni obligan a las firmas trasnacionales a modificar su conducta para que respeten los derechos humanos”.
Así pues, estamos ante la extremadamente grave patología jurídica y política del desvío de poder a la que se refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando abordó el histórico caso del general Francisco Gallardo, pues las instituciones están siendo desviadas de sus cometidos constitucionales para ser puestas al servicio incondicional de unos cuantos privilegiados. Ello implica la ruptura del orden constitucional ya que en el artículo 39 de la Carta Magna se establece con absoluta claridad que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.
A esa captura corporativa del Estado sólo le hace falta contar con mecanismos represivos de los movimientos sociales y la protesta ciudadana avalados por el Congreso de la Unión. Tal vez ese es el leimotiv de la exigencia de que la inefable ley de seguridad interior sea aprobada cuanto antes.
