El proceso electoral de este 2017 que por muchas y distintas razones tuvo en vilo a los mexicanos dejó, más que lecturas o lecciones, realidades inocultables. Este año que conmemoramos cien años de la Constitución de 1917, también se cumplen cuarenta de la Reforma Política de 1977.

Ese año, ante el evidente agotamiento del modelo político cardenista-corporativista, el régimen se vio obligado a introducir cambios para alargar la vida de los llamados gobiernos de la Revolución; en especial para contener el creciente descontento de campesinos, trabajadores y clases medias emergentes, golpeados por la crisis económica y la desigualdad social.

En las pasadas elecciones, que legalmente no han concluido, la realidad de la que hablábamos quedó al desnudo para el observador con el desarrollo y los resultados de los comicios en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Las acusaciones de “fraude” son consustanciales a nuestra historia, y para las nuevas generaciones forman parte del imaginario colectivo a partir del uso indiscriminado del concepto cuando se pierden elecciones, porque cuando se ganan todo es impoluto. Y como dice el clásico: en México, no existen candidatos perdedores.

Lo anterior no implica que pretenda justificar y mucho menos convalidar las reprochable conductas que merecen ser sancionadas y no constituyen de ninguna manera lo que deseamos como norma de conducta democrática. Solo que no debemos perder de vista que, para que exista democracia, se necesitan demócratas, y estos no se ven por ninguna parte.

A partir de esa reforma, ha sido una constante que al fin de cada elección se realicen reformas tras reformas, y ahora mismo, ya se alzan voces para pedir nuevas modificaciones, como si la sola expedición de regulación pudiera solucionar o detener la multiplicidad de conductas irregulares, ilegales e incluso delictivas en que incurren, casi sin excepción todos los candidatos y partidos.

Testimoniamos también —otra vez— los juicios facilones de los opinólogos y de la mayoría de la comentocracia, que engolando la voz en radio y TV o retorciendo la pluma, mediante el estrangulamiento del sustantivo por el adjetivo, sentencian respecto de qué sucedió e insisten en adelantar los resultados de 2018. Los hay de todo jaez, desde los profetas del catastrofismo o agoreros del desastre, hasta los que niegan lo evidente. Lo único cierto es que estamos a un año de esa elección, muchas cosas habrán de acontecer, entre otras, conocer los candidatos que contenderán, porque hasta ahora solo conocemos uno.

Entender o buscar entender la elección que más llamó la atención, la del Estado de México, requiere de un poco más de tiempo, conocer los resultados numéricos y a partir de su contextualización en lo sucedido y otras consideraciones, como el descontento social, el voto de castigo, el voto útil del panismo tradicional, la división de las mal denominadas “izquierdas”, el uso de fondos y bienes públicos o el dinero ilegal, se tendría mayor claridad. Es decir, faltan piezas del rompecabezas.

Y hay otras realidades, que sin duda debemos atender. La compra de votos. El desmesurado dinero de las prerrogativas. Los fondos ilegales que llegan a las campañas. El uso y abuso de las encuestas. El papel de las redes sociales. Sin llegar desde luego a los niveles de los modernos “Savonarolas” que claman por prohibir el uso electoral de las encuestas y las redes virtuales.