La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) abrió una carpeta de investigación sobre el presunto espionaje que habría realizado el gobierno mexicano contra 15 comunicadores, afirmó el titular de la dependencia, Ricardo Sánchez Pérez.

Ante la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados, Sánchez Pérez afirmó que al conocer las notas periodísticas que denunciaban el espionaje, la Feadle abrió la averiguación y después se acudió a presentar una denuncia.

El Fiscal se comprometió a esclarecer el caso e investigar de acuerdo con la ley, en conjunto con las personas afectadas, organizaciones civiles y sus abogados.

“La investigación es por el delito que se presenta, que se presentó, por la intervención de equipos de cómputo y sistemas, que son los delitos que se plantean en la denuncia y en la ley al respecto. Y se investigará contra quien resulte responsable, no hay un señalamiento en lo individual. Como ustedes lo saben, la ley penal señala una responsabilidad de personas, individuos, y se determinarán las responsabilidades que así lo señalen, de acuerdo con lo que se vaya desarrollando en cada una de las pruebas”.

Por su parte, organizaciones, periodistas y activistas plantearon indagar a la Procuraduría General de la República (PGR), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la denuncia, presentada el lunes ante la Feadle, destacaron: “Citizen Lab y y NSO Group han señalado que esta última empresa únicamente presta sus servicios a gobiernos, y han referido que varias entidades del gobierno mexicano han adquirido los servicios de NSO Group, concretamente, han comprado el programa Pegasus, siendo las siguientes: Sedena, la PGR y el CISEN”.

Además, dijeron que aunque no hay una constancia de que las entidades gubernamentales intentaron, en reiteradas ocasiones, de infectar sus equipos de telefonía celular, a través del programa Pegasu; tienen el “temor fundado” de que están involucrados.

Asimismo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que no existe ningún espionaje contra periodistas, defensores de los Derechos Humanos ni ONG, puesto que las investigaciones que se tienen son para dar con los criminales. Pidió que, de existir casos, se presenten las denuncias respectivas.

Espionaje, crimen contra el público

Edward Snowden, quien fue la fuente que reveló en 2013 a The Guardian y The Washington Post que el gobierno de Estados Unidos espiaba a sus ciudadanos, indicó que el espionaje contra periodistas mexicanos es “un crimen contra el público”.

A través de su cuenta de Twitter, el consultor estadounidense publicó el reportaje del diario The New York Times y señaló: “no importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público”.

Igualmente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el espionaje como una atentado a las libertades de expresión y de prensa, al derecho de la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas.

La SIP indicó que desde hace años ha repudiado la infiltración de programas espías en las computadoras o dispositivos móviles de periodistas y organizaciones de noticias.

“La organización ha denunciado en casos de Argentina, Ecuador y Venezuela, entre otros países, la participación de organismos del Estado en la ejecución de estos delitos informáticos, que violan la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que consigan que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, además de estar prohibido en la mayoría de la constituciones”.