Cada 15 de mayo al celebrar el Día Internacional de la Familia se renuevan los debates en torno a dos concepciones de familia: aquella que la entiende conformada por hombre y mujer, unidos en matrimonio con fines de procreación, frente a la que considera que no hay un solo tipo de familia, sino que son diversos arreglos de convivencia.

Por su parte, el movimiento de mujeres se ha opuesto a las políticas que tienden a homologar el concepto de familia al de madre-hijo y por lo tanto limitan el papel de las mujeres a la reproducción y al cuidado.

Esta confrontación de posiciones subyace en la ausencia en nuestro país de políticas públicas que asuman la importancia de las familias en su función fundamental de socialización de los seres humanos y de acceso al bienestar y que como objetivo procuren apoyarlas, protegerlas o incluso intervenir cuando las relaciones en su interior atentan contra los derechos humanos de sus integrantes, como son las situaciones de violencia, adicciones o abandono.

Varias de las políticas y programas sociales tradicionalmente se han dirigido a atender a los individuos y para alcanzarlos en ocasiones utilizan como vehículo a las familias y en especial a las mujeres. Son pocos los programas que se orientan al conjunto del grupo familiar y que tienen en cuenta que diversas problemáticas individuales son producto del entorno familiar derivado de carencias, excesos u omisiones.

Si aceptamos que las familias son arreglos de convivencia para el afecto, el acogimiento, obtener seguridad e identidad, procurar la sobrevivencia y el cuidado y reproducir saberes, es necesario reconocer que son una construcción social en permanente cambio por factores económicos, sociales, demográficos y culturales. Así, están ocurriendo cambios de forma acelerada en su composición por sexos y generaciones y en su funcionamiento en cuanto a distribución de responsabilidades, relaciones intergeneracionales y de poder.

La diversificación de las estructuras familiares es una tendencia en marcha. Algunas de las expresiones de esa diversidad son las llamadas familias recompuestas formadas por parejas en donde cada uno incorpora a sus propios hijos; las familias monoparentales; las  familias con relaciones de parentesco sin presencia del núcleo parental como son las conformadas por hermanos, o por de abuelos y nietos; familias de parejas del mismo sexo; familias multigeneracionales integradas por personas pertenecientes a tres y hasta cuatro generaciones; familias binacionales y transnacionales.

Detrás de estas formas diversas que adoptan las familias se encuentran cambios demográficos como la reducción de la tasa de crecimiento de la población, y el aumento de las migraciones; cambios culturales como la incorporación de las mujeres a la vida pública y al trabajo remunerado y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI; transformaciones económicas como la globalización o la presencia de repetidas crisis.

Por cuanto a las tendencias que se observan en la conformación de las familias, se presenta una reducción de la proporción de familias nucleares biparentales (padre, madre e hijos) y un  aumento de la proporción de parejas sin hijos, así como de familias monoparentales, en particular aquellas con jefatura femenina. Se registra una proporción decreciente de hogares con niños dependientes en edades tempranas.

Las tendencias más representativas de la época son el aumento de las personas que viven solas y la permanencia y el retorno de hijos e hijas adultas al hogar familiar por el desempleo, los bajos salarios y el alto costo de la vida. Estas dificultades se expresan también en un retraso en la edad para formar parejas y para procrear, así como en la creciente fragilidad de las uniones.

Una de las innovaciones en la Constitución Política de la Ciudad de México es la inclusión de los derechos de las familias en el Artículo 6  donde se reconoce la importancia de las familias en la construcción de los seres humanos y en su bienestar, se acepta la diversidad de configuraciones familiares y se promueve la definición de políticas públicas para protegerlas y apoyarlas.