Entrevista con Marco Tulio Ruiz Cruz/Abogado
Los videos en donde se exhibió a la diputada morenista Eva Cadena, excandidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, recibiendo dinero para la campaña obradorista le pegaron de lleno a la línea de flotación de ese partido, cuyo líder ha repetido hasta el cansancio que vive con 50 mil pesos al mes y que su incorruptibilidad le permite enfrentar a “la mafia del poder”.
Obligada por la diputada Rocío Nahle a deslindar al dirigente nacional de ese partido y ante el linchamiento político de propios y extraños, Cadena se retractó de sus primeras declaraciones. Señaló que el dinero recibido era para Andrés Manuel López Obrador, y fue más allá, al aseverar que, en el Congreso de Veracruz, “los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena sí los reciben, pero son para financiar actividades partidistas”.
La diputada veracruzana que hoy enfrenta el desafuero ofreció una conferencia de prensa donde reveló que Morena es como los otros partidos, también recibe dinero ilícito para financiar sus campañas y desplazamientos de sus dirigentes.

Rocío Nahle.
A Andrés Manuel nunca se le verá en un video parecido, aclaró, ya que son otros los que recogen el dinero, como la coordinadora de diputados morenistas Rocío Nahle, quien por cierto anunció que denunciará a Cadena por difamación.
Este jueves, Cadena presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, dijo tener evidencias y testigos de las desviaciones de recursos etiquetados para legisladores veracruzanos y que son utilizados discrecionalmente. Asegura que esos recursos también se destinan al pago de militantes de Morena e incluso a candidatos a ediles de varios municipios.
Su acusación se une a otras, como la que recoge en su publicación el columnista de Excélsior, Francisco Garfias —cuya fuente habría ocupado posiciones muy cercanas al tabasqueño, y que le pidió el anonimato por temor a las consecuencias—. Le muestra al reportero mensajes de WhatsApp que intercambian morenistas sobre los “diezmos” forzados para allegarse recursos más allá de la ley, aunque el partido siga navegando con la bandera de la honestidad.
Para el penalista Marco Tulio Ruiz Cruz, conocedor del derecho electoral, las acusaciones hechas por Cadena, evidencian un desvío de fondos, y ese hecho, señala, implica un origen ilícito del dinero para la promoción del candidato. Señala en entrevista a Siempre! que el delito que pudiera configurarse es el de lavado de dinero.
“Por el solo hecho de que haya quedado evidenciado el movimiento de un solo peso, con un origen ilícito, eso hará que la Fepade se vea obligada a iniciar una investigación por un delito electoral, independientemente de que la Seido, a su vez inicie o abra una indagatoria por el delito de lavado de dinero. La investigación determinará hacia dónde se destina ese recurso, a qué proveedores de bienes o determinados servicios y que tiene por objeto que ese recurso cuando llegue a las arcas del partido Morena o bien a los bolsillos de su dueño, puedan argumentar que tienen un origen lícito y seguir con su discurso de que no existen actos de corrupción en los dineros que hay desviados a ese partido”.
Habrá que esperar las pruebas que presente Eva Cadena y qué tanto puede sostener esta acusación…
Ella ha establecido que son supuestamente bonos que se les entregan a los diputados, pero esos bonos son destinados a financiar las actividades partidistas de Andrés Manuel, de manera que la Fepade, en la integración de la averiguación o en su momento la Seido, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Recursos con Origen Ilícito, establecerá la mecánica delictiva que se ha implementado para este tipo de ilícitos y podría ejercitar la acción penal y responsabilidades que pueden ser privativas de libertad; o bien, para efectos electorales, la cancelación del registro del candidato o del partido, si así fuera la gravedad del caso.
Los delitos serían: lavado de dinero, aunque de ahí pueden derivarse otros como introducir dinero ilícito en los gastos de campaña de determinado candidato, introducir dinero ilícito en gastos del partido y para pago de proveedores de bienes y servicios que se presten obviamente para el blanqueo de ese recurso. Se pueden derivar una diversidad de ilícitos con esta mecánica delictiva.
Es una práctica que ha realizado López Obrador, así que esperemos que la Fepade y la Seido actúen ante las evidencias que existen hoy en día, frente a la problemática delictiva que ha implementado el dueño del partido.
Cuestionado sobre la relación que existe entre el gobierno de Venezuela y Morena, que pudiera ir más allá de lo político y significara una intervención en el ámbito electoral, Ruiz Cruz aseguró que “desde el momento en que la embajadora tuvo una intromisión en los temas políticos de México, está violando la Constitución”.
Aseveró que se está violando la legislación electoral y puede acarrear un delito electoral, que como consecuencia le pueda cancelar el registro al candidato, al dueño de Morena o al partido, independientemente de que México haga una protesta formal ante Venezuela por la intromisión de su embajador en asuntos que exclusivamente le pertenecen a los mexicanos.
“Vamos a ver como procede nuestra cancillería ante este evento, además de que puede implicar que está obligada también la Fepade a iniciar por lo menos un acta circunstanciada, investigar si hubo la posible comisión de un delito y, si es así, elevarlo a una carpeta de investigación e integrar la indagatoria correspondiente”.
Sin embargo reconoció que se toparían con la inmunidad diplomática que tiene la embajadora “pero eso no es obstáculo para que se haga la investigación correspondiente”.
Arturo Sánchez, caso Amigos de Fox, Pemexgate
Para el exconsejero del Instituto Nacional Electoral Arturo Sánchez, la acusación de que un partido se financia con dinero ilícito es un asunto que debe resolver el INE. Asegura que quien tenga evidencia de los hechos y con indicios sólidos debe presentar una queja ante el Instituto y explicó el procedimiento.
“Las quejas se turnan a la dirección de fiscalización del INE para iniciar una investigación, como se presentaría en relación con una campaña electoral, deben ser explícitos en la queja e investigarse de inmediato para resolverse antes de que el partido ganador, en la elección de que se trate, tome posesión.
Considero que es un acusación seria porque viene de parte de una militante del propio partido, y aunque se presentó el último día de las campañas, es necesario despolitizarla. Tiene un altísimo contenido político y ya tendrá sus razones la diputada para actuar como actuó, pero para el INE, hasta donde entiendo, lo que debe realizar es una investigación no solo sobre las motivaciones de la queja sino sobre los indicios y las pruebas que se presenten.
Si se presenta la denuncia adecuadamente, el Instituto deberá investigar, como parece ser un reclamo general al partido, siendo que es igual que otros partidos y no algo específico habrá que ver qué es lo que discurre el INE. Ese es el procedimiento.
Muchos nos preguntamos cómo Andrés Manuel ha hecho campaña durante varios años, de dónde salen los recursos. ¿Esta investigación lo aclararía?
Para que un partido actúe se necesita dinero que proviene de tres grandes fuentes; la primera es el financiamiento público, que es perfectamente legal y lo recibe el partido en una cuenta de cheques que deposita el INE, recursos a los que se les da seguimiento. Todos los egresos tienen que estar amparados y reforzados por pólizas y por eso el Instituto puede dar cuenta de a dónde va el dinero público recibido. La segunda fuente es el financiamiento privado, dinero que un partido recibe de sus simpatizantes, que también es legal y tiene que reportarse al INE, pero tiene sus reglas: no puede venir del extranjero, ni de alguna empresa, gobierno, ni de organizaciones religiosas. Son recursos que deben entrar en una chequera y debe explicarse su origen.
La tercera fuente de financiamiento a un partido es de sus propios militantes y es porque le sobran cuotas a los militantes, porque aportan recursos o porque los candidatos aportan recursos a su propia campaña. Todo eso tiene que registrarse.
El problema es cuando se pesca a alguien con dinero en efectivo o se entrega dinero en efectivo a un partido, a un candidato o a un líder. Eso está fuera de la norma porque todo lo que entra en un partido tiene que ser primero reportado, y segundo, informado al Instituto Nacional Electoral.
Es lo que le sucedió a Eva Cadena, un dinero que dice que ya regresó, pero ahí está el delito y además acusa a Rocío Nahle de ser la recaudadora.
Hay que medir el tipo de falta; si es financiamiento ilegal, en primer lugar el partido tiene inmediatamente que deslindarse de este financiamiento y, si no lo hace, se ve sancionado; cualquier financiamiento que venga de una fuente prohibida amerita una sanción, por eso si el partido recibe dinero ilegal, que no esté en su cuenta de cheques, lo que honestamente tendría que hacer es denunciar inmediatamente: me están trayendo este dinero, lo rechazo, me deslindo, y eso es lo que debiera de ocurrir.
Hasta ahora no hemos visto que nadie se porte de esa manera, no hemos visto que ningún partido rechace dinero privado, en consecuencia, si no se reportan ingresos de ese tipo, el partido se vuelve cómplice y debe ser sancionado. Las normas están ahí, lo que falta es tener las denuncias oportunas y las pruebas fehacientes que le permitan al Instituto, a la Comisión de Fiscalización armar un caso lo suficientemente sólido para hacer la sanción correspondiente.
El IFE lo hizo en su época y por eso se sancionó al presidente de la república en turno por el caso Amigos de Fox, y también se sancionó al PRI por el caso Pemexgate, por recibir dinero ilegal en las campañas. En el año de 2004, cuando se presentaron esas dos quejas, también se presentaron suficientes indicios y recursos legales para que se pudiera hacer la investigación.
Si Eva Cadena presenta la denuncia, deberá venir acompañada de información suficiente para que el INE pueda proceder. En caso contrario, no habrá caso que perseguir y el partido sería exonerado de cualquier responsabilidad puesto que no habría forma de probar lo contrario y todo quedaría en un ardid político.
Curiosamente, las quejas de Amigos de Fox y el Pemexgate se presentaron después de la jornada electoral, no antes, porque quienes denunciaron lo hicieron hasta después, denunciaron y presentaron las pruebas correspondientes. Ese tipo de casos deben perseguirse sin duda alguna; en el caso Cadena, ya se dijo que había elementos, que se presente la denuncia, se investigue y si, en efecto, el partido es responsable deberá pagar las consecuencias; y si no se acredita, deberá ser exonerado conforme a derecho.